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¿Cómo enfriar Puntos Calientes?

AUTORES: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

La violencia se concentra en pocos lugares y en pocas personas. El informe “Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia”, realizado por CAF en 2015, define los puntos calientes o hotspots como microespacios que concentran una proporción muy grande del crimen. Estas zonas se identifican luego de que los datos recogidos por los funcionarios policiales, inteligencia o denuncias de vecinos permiten geolocalizar  los delitos.

En áreas urbanas y suburbanas de países desarrollados el crimen tiende a agruparse desproporcionadamente en solo unas pocas cuadras. Por ejemplo, en Estados Unidos menos del 5% de las zonas populares genera más del 50% de los eventos delictivos en un año, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de Latinoamérica, que concentra 33% de los homicidios en el mundo, el crimen tiende a agruparse en sectores específicos con características socioeconómicas similares y vulnerables.

En ese sentido, la georreferenciación de los delitos parece una herramienta indispensable para abordar la violencia y su distribución. Esta forma de trabajo consiste en recoger, procesar y analizar los datos, para luego dividir las zonas de las que se registró la información en sectores más pequeños y determinados según los puntos donde se concentre el crimen. Los puntos calientes permiten a las autoridades utilizar datos históricos para decidir cómo, cuándo y dónde centrar sus esfuerzos e implementar acciones.

De esta manera, se podrá segmentar y crear un plan de patrullaje adaptado a atender las necesidades de las comunidades de forma específica. Según los resultados que arrojen los datos se plantean objetivos, zonas de acción y horarios en los que se llevará a cabo el plan. El recorrido de los policías debe ser aleatorio y no estar más de 15 minutos en el punto.

El informe “Policía y micro-geografía del crimen” del BID recomienda que el énfasis de la vigilancia policial debería centrarse en unidades geográficas de análisis muy reducidas, tales como segmentos de calles o pequeños grupos de manzanas, desde avenidas hasta direcciones individuales o esquinas. Ya que los grupos delictivos en un determinado lugar no cumplen el mismo patrón en comunidades más grandes.

Sin embargo los hotspots pueden moverse. Según las características de las zonas, los delitos van a ser frecuentes en áreas específicas, pero los “puntos calientes” pueden aparecer o desaparecer. Esto sugiere una posible adaptación de las personas que incurren en delitos ante las acciones policiales, haciendo que el crimen se desplace a otras áreas sin que represente una preocupación. No todos los puntos son igual de atractivos para delinquir y en este tipo de estrategias se monitorea el cubrimiento de todas las áreas críticas y la actualización constante de los datos, lo que se traduce directamente en menos delitos.

Estas estrategias se enfocan generalmente en la reducción de los casos de homicidio. Sin embargo, afectan de forma positiva en la reducción de otros delitos relacionados con la violencia. El informe RED 2014: Por una América Latina Más Segura explica también que, en Colombia por ejemplo, los mismos patrones de concentración de homicidio se observan para delitos de hurtos, lesiones personales y tráfico de drogas aunque un poco menos acentuados.

En Latinoamérica, y en Venezuela, ya hay experiencias…

En 2011 la Alcaldía Metropolitana (que abarca los cinco municipios de la capital, pero que a su vez tienen cuerpos policiales independientes) creó el Sistema Integrado de Estadísticas Delictivas con el objetivo de compilar y consolidar los datos y difundir la información entre cada cuerpo policial. El proyecto se basaba en hacer un diagnóstico de los organismos, incluyendo la capacitación en el uso de datos, y la emisión de informes sobre el delito.Por otra parte, según Patiño y Hohmann (2015), a través de la Dirección de Seguridad del municipio Sucre, específicamente en la comunidad de José Félix Ribas, La georreferenciación de los delitos fue llevada a cabo con éxito; por lo qyue, a través de esta política, se consiguió reducir en más de 30% los delitos en los tres años que la medida fue implementada.

En el caso de Colombia, iniciaron esta estrategia con la delimitación de las zonas por cuadrantes para luego georeferenciar los puntos críticos. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) fue creado en 2010 en las ocho ciudades más grandes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, con el cual se logró reducir 22% la tasa de homicidios en el país.

Con el PNVCC se buscó optimizar los recursos humanos y logísticos, implementar tecnología de avanzada y delimitar responsabilidades; además, se elaboraron planes y proyectos en todos los niveles que estaban orientados a la prevención del delito y al empoderamiento del funcionario policial. Para el cumplimiento de las metas se evaluaron tres aspectos fundamentales: la gestión policial, la reducción de estadísticas delictivas y la percepción ciudadana.

En Brasil, según explica un informe de 2016 del Instituto Igarapé, la efectividad de sus ciudades a la hora de reducir la violencia se debe a una serie de factores de carácter policial, estratégico y operativo. Los esfuerzos en recuperar los espacios públicos a través de actores no estatales, el restablecimiento de la presencia del Estado y la participación de la comunidad para priorizar, implementar y controlar los programas, contribuyó en el trabajo de prevención. En cuanto a los recursos tecnológicos, la innovación principal fue la creación de un sistema integrado de datos diseñados para identificar las “zonas calientes”.

Uno de los planes más conocidos en Brasil fue “Fica Vivo” en la ciudad de Belo Horizonte impulsado por los altos índices de homicidios en el país. Entre 2002 y 2006 se logró reducir 69% de las muertes violentas. El proyecto diseñó programas de policía comunitaria y del ámbito social, basado en la efectiva experiencia de Río de Janeiro, con el objetivo de transformar la relación entre las comunidades afectadas y las entidades públicas a través de la educación, capacitación y apoyo por parte de las empresas locales.

Un paso adelante

Los países que han logrado reducir el número de muertes violentas a través de del uso de datos e identificación de los “puntos calientes”, se han enfocado en los siguientes aspectos: acompañamiento de los planes de acción policial, compromiso de los funcionarios e instituciones, trabajo de inteligencia y desarrollo de la lógica civil para la prevención. Esto debe estar acompañado además de datos confiables y su constante monitoreo y análisis.

En Venezuela la responsabilidad de recabar la información sobre los delitos es del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Sin embargo, en un contexto político complejo y ante los altos índices de violencia, el acceso a los datos en el país está cerrado para los ciudadanos y para los entes policiales. Según lo señalado por el Instituto Igarapé, las estadísticas delictivas no se comparten a las policías estadales y regionales. 

Ante esta realidad, además de la censura a los medios de comunicación, Caracas Mi Convive y Monitor de Víctimas trabajan para recopilar los datos de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas. La información es verificada con las fuentes policiales y los familiares de las víctimas, de forma que se puedan caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas para reducir la violencia.

Por su parte, el CICPC sólo mantiene una clasificación reduccionista que no permite profundizar en las características de las muertes violentas y ahondar en el contexto, ya que se limita a clasificarlas dos formas: homicidios y resistencia a la autoridad. Es por ello que los datos recabados por Monitor de Víctimas se traducen en un paso adelante para la georreferenciación y caracterización de los delitos al momento de implementar una estrategia de “puntos calientes”.

Además, Caracas Mi Convive, también realiza un trabajo adelantado con la participación de la comunidad. A través de Talleres de Prevención de la Violencia los vecinos identifican los puntos críticos para buscar las formas de recuperar los espacios. Estos líderes comunitarios, quienes ya tienen experiencia, también podrían ser parte importante en ubicar las zonas de mayor conflicto, sirviendo como «patrulleros», yendo al sitio donde se reportó el crimen y con una herramienta tecnológica geolocalizar el homicidio.

Son muchos los países con altos índices de delictivos que aún no se apoyan en los datos para crear políticas que disminuyan la violencia. En Venezuela, además de un cambio en el ámbito político, económico y social, se requiere del compromiso del Estado para trabajar en la prevención y disminución del delito; una reestructuración para los organismos de las fuerzas públicas y una estrategia de incentivos a los funcionarios adaptadas a la realidad del país, acompañado a su vez por estadísticas y el uso pertinente de datos que sostengan la actuación policial y su desempeño.

Finalmente, es necesario que el Estado garantice la transparencia y el acceso a los datos públicos, por parte del CICPC, las policías estadales y los ministerios. No solo en cuanto a la violencia sino también en todos los ámbitos, de modo que puedan crearse políticas segmentadas, basados en evidencia, a las necesidades de la población. Debe haber además un compromiso, esfuerzo y asignación adecuada de recursos para una completa y verídica recolección de información, ya que los países de América Latina y el mundo han demostrado que su correcta recopilación, análisis e implementación, afectan directamente en la prevención y disminución del delito.

Políticas de mano dura:carta blanca para el abuso policial

Foto Gabriel Osorio
La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas.  Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela.

Autores: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Latinoamérica concentra una parte muy pequeña de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000l personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, 14 de los 20 países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe. Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

Reporte Monitor de Víctimas: Mayo

Presentamos el primer reporte de nuestro proyecto Monitor de Víctimas, que se dedica a contabilizar, estudiar y comprender los homicidios registrados en la Gran Caracas.

En este reporte encontrarás, en primer lugar, una descripción de las estadísticas recolectadas para el mes de mayo de 2017, y luego un análisis de tres estadísticas en particular: homicidios por balas perdidas, homicidios por armas de fuego y violencia estatal. Estos casos, al ser comparados con cómputos de otros países de la región, revelan el grave problema de violencia en la capital de Venezuela.

Caracas fue la ciudad sin conflicto bélico más violenta del mundo en el año 2015 y también en 2016. Con una tasa de homicidios de 130,35 por cada 100 mil habitantes. Durante 2014-2015 a nivel nacional se reportaron, en promedio, 2,4 casos por bala perdida al mes, mientras que solo en el mes de mayo de 2017 se levantaron 12 casos por balas perdidas.

En este último periodo, en Caracas, 31,5% de los homicidios fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto indica que es necesario adoptar acciones específicas con el objetivo de entender y reducir la violencia ejercida por el Estado. Urge diseñar e implementar una política de desarme seria y efectiva en esta zona del país.

En futuros reportes, haciendo uso de una mayor cantidad de datos, Caracas Mi Convive profundizará el análisis que se ha llevado a cabo para aumentar la comprensión que se tiene sobre este grave problema y así poder realizar propuestas de política pública basadas en evidencia y experiencias exitosas.

Campaña #InstintoDeVida

Instinto de vida, la campaña que busca reducir homicidios en Venezuela y el resto de Latinoamérica

Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Redes Ayuda, Caracas Mi Convive y Efecto Cocuyo son las cuatro organizaciones venezolanas que conforman la plataforma Acción Por La Vida, las cuales llevan adelante una serie de iniciativas en el marco de la campaña latinoamericana Instinto De Vida.

Esta campaña busca visibilizar la violencia y lograr la reducción de los homicidios en 50% durante los próximos 10 años en países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Esta alianza nació hace más de seis meses ante la magnitud del problema de violencia letal que se vive en los países de la región latinoamericana, donde ocurre el 38% de los asesinatos que se registran en el mundo.

Para Verónica Zubillaga, de Reacin, la campaña tiene implícita una serie de valores que deben ser destacados: está basada en evidencias, enfocada en los resultados, procura la participación ciudadana en políticas que valoran la vida, reclama garantía de acceso a la justicia y al debido proceso legal, apuesta por la contención de la violencia y exhorta al Estado a cumplir con el deber que tiene de proteger a los ciudadanos.

“Venimos construyendo una red de movilización ciudadana que tiene como focos la reivindicación del derecho a la vida, la urgencia del control de armas y municiones, las políticas de inclusión para los jóvenes de sectores populares, la no militarización de la sociedad y la atención y protección de víctimas de la violencia armada”, sostiene Zubillaga.

Lo que se quiere, señala Zubillaga, es visibilizar la problemática de la violencia, que está opacada por el contexto de conflictividad política. “Clamamos la atención a estas políticas urgentes para la construcción de un futuro de convivencia, ya que si no atendemos estas problemáticas contribuimos con el legado de la violencia”.

Leandro Buzón, de Caracas Mi Convive, sostiene que “Caracas es la capital con la mayor tasa de homicidios en el planeta, superando los 120 por cada cien mil habitantes. La violencia en Caracas es el mayor problema que enfrenta la ciudadanía y obstaculiza seriamente el nivel de interacción y de participación ciudadana entre los habitantes de la ciudad”.

Caracas Mi Convive trabaja con las comunidades y con diferentes organizaciones sociales en el desarrollo de actividades y proyectos que permitan disminuir los índices de violencia en los sectores populares de Caracas tales como seminarios, talleres, constitución de redes y monitoreo de la violencia en la ciudad.

“Nuestra visión coincide con los valores propios de la campaña Instinto de Vida, pues los convives (miembros de la organización) trabajamos por una meta muy concreta: queremos que, a la vuelta de 10 años, Caracas salga de la lista de las 10 ciudades más peligrosas y entre en la lista de las 10 ciudades más visitadas de Latinoamérica”, concluyó Buzón.

#Acciónporlavida

En Venezuela, las organizaciones que apoyan la campaña Instinto de Vida se han articulado en la plataforma #Acciónporlavida en la que coinciden artistas, activistas, periodistas y familiares de víctimas de la violencia criminal.

Cheo Carvajal, periodista y activista explicó este jueves, durante el lanzamiento de la campaña en Venezuela, que se busca llamar la atención sobre la necesidad de que los ciudadanos se sumen al rescate del derecho a la vida y a desenvolverse en el espacio público. En este sentido, destacó el manifiesto por la vida que reclama el desarme, la justicia y la reparación por parte del Estado, a las víctimas de la violencia por arma de fuego.

Por su parte, Melanio Escobar, de Redes Ayuda destacó el uso de las nuevas tecnologias para difundir propuestas e iniciativas de ciudadanos.

La directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, destacó que los medios y periodistas también puede aportar a la visibilización de las víctimas y el empoderamiento de los ciudadanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes para garantizar el respeto a la vida.

La campaña fue presentada este jueves en Caracas, en el marco del seminario “Cómo des-cubrimos la violencia” que organiza el portal Efecto Cocuyo y en el cual participan expertos nacionales e internacionales.

Texto y foto: Efecto Cocuyo