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Reporte Marzo

La edición de marzo 2019 de nuestro Reporte Monitor de Victimas sobre la violencia en Caracas, cuantifica la información sobre cuántos homicidios sucedieron en la ciudad, quiénes los perpetraron, cuáles son las características y contexto de las personas víctimas y otros detalles.

En el tercer mes del año, resalta entre la data consolidada que 100% de las víctimas de homicidios fueron civiles, lo que confirma la tendencia del trimestre completo: 97% de fallecidos de forma violenta no pertenecía a ninguna institución armada nacional. Por otro lado, las viviendas continúan como el segundo lugar donde estas muertes violentas se producen.

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Reingeniería policial: la depuración necesaria

Fabiana Crisci (Runrun.es)/Manuel Parejo (Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive)

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida. Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015). Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI,2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante. Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

¿Cómo hacer esta depuración policial en un contexto tan complejo como el venezolano?

En el ámbito del organismo de cooperación ciudadana, es indispensable la creación de un consejo de contraloría interdisciplinario y externo que facilite la denuncia y revisión de los casos que ameriten la expulsión de un funcionario. Precisamente, en la depuración policial a desarrollar, el primer paso debe ser una auditoría externa para investigar los antecedentes de los funcionarios activos, además de indagar sobre cómo se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios, denuncias de abusos y evaluación policial. Al revisar estas dinámicas, aquellos policías con antecedentes penales o denuncias abiertas sobre violaciones de derechos humanos, deberían ser desplazados lo más pronto posible de la organización.
Este procedimiento de seguimiento y revisión externa, requiere ser oportunamente presentado ante los departamentos institucionales encargados de recibir y ejecutar las sanciones disciplinarias que deriven según la magnitud de la violación de la ley cometida. Esto último, con la finalidad de abordar los casos de delitos policiales de mayor gravedad con prontitud y precisión.

Ahora bien, uno de los problemas más inmediatos que derivan de esta primera fase de limpieza policial en los organismos de seguridad del país, lo constituye el descenso en el número de funcionarios policiales. Este factor de contracción, luego de la verificación de los expedientes legales de cada funcionario, se daría en instituciones policiales que ya han sufrido una deserción de miembros operativos. Según la organización Transparencia Venezuela (2017), ha existido un decrecimiento en el tamaño de los organismos policiales de 11% del total de los funcionarios activos del país.

Como respuesta para contrarrestar este efecto negativo, una alternativa viable sería incluir civiles y funcionarios retirados para asumir labores administrativas y así redistribuir los agentes formados para la intervención policial según los requerimientos poblaciones y estratégicos. Por ejemplo, en Israel una de las soluciones que encontraron fue incorporar trabajadores civiles para suplir las labores administrativas de forma que no afectara el trabajo del personal en ejercicio. Por otro lado, es imprescindible sacar a los privados de libertad de los calabozos policiales, ya que en la actualidad existen una gran cantidad de funcionarios que se dedican al cuidado de privados de libertad, los cuales no están preparados para asumir ese rol.

Considerando lo dicho, y para contextualizar aún más el impacto que tendría una eventual depuración en los organismos policiales en Venezuela, una estimación propia de la Unidad de Conocimiento es que pudiera experimentarse una disminución aproximada del 52% de los funcionarios en comparación con las cifras del 2012, siendo las últimas disponibles en relación al número de funcionarios activos en el país. Esta reducción dejaría a Venezuela con aproximadamente 44.620 funcionarios, lo que significa una tasa de 152.06 por cada cien mil habitantes. La Organización de las Naciones Unidas recomienda una tasa de al menos 300 policías por cada cien mil habitantes.
Asimismo, las sanciones y procedimiento de despido de los funcionarios policiales deben diseñarse bajo el principio de proporcionalidad, como se ha mencionado anteriormente. Para ello es necesario implementar una política de tolerancia cero en los casos donde haya ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, ya que ambos casos son violaciones graves a los DDHH y constituyen las formas más recurrentes en las que los organismos de seguridad del Estado venezolano quiebran la ley en la actualidad.

¿Qué ocurre después de una depuración policial en Venezuela?

Es evidente que los nexos criminales que poseen algunos funcionarios policiales no es el único problema que enfrenta el Estado y la sociedad venezolana para disminuir los altos índices de violencia en el país. Aun cuando, creemos que la depuración policial es el punto de partida para desplegar un programa de pacificación y garantías de seguridad en Venezuela, una vez que se logre este primer paso, existen otros procesos y reformas que serán pertinente abordar.

En primer lugar, diseñar un esquema salarial atractivo y digno, para así atraer a potenciales funcionarios y retener el capital humano valioso que existe. Segundo, la exigencia de profesionalizar el perfil de los policías, es decir que al menos hayan terminado la educación secundaria y su ingreso a un programa de formación continua adecuado a los estándares policiales y al contexto en el cual desenvuelven sus funciones. Y tercero, el reconocimiento público a las buenas prácticas policiales, de manera tal que el policía se sienta respaldado al momento de haber destacado en su trabajo no solo por las autoridades máximas sino también por la ciudadanía.
En resumen, estos tres lineamientos que acompañarán a un proceso de depuración policial, se enmarcan dentro de un aspecto fundamental en la reingeniería de la seguridad ciudadana en Venezuela: la dignificación de las labores policiales y la confianza que el ciudadano debe tener sobre sus funcionarios. Las propuestas que en este artículo se definieron brevemente, apuntan a ese objetivo ineludible.

1 Según María Victoria Llorente, de 1995 al 2001 se despidieron cerca de 8500 uniformados de distintos rangos, lo que equivalía aproximadamente a 12% de los miembros de la corporación”(Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009)
2 Investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, MA. en Internacional Security Studies de la Universidad de Reading, Inglaterra.
3 Estos cálculos utilizados son extraídos del apartado de reorganización, depuración y contraloría policial del documento de Políticas Públicas para la reducción de homicidios que está elaborando la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive.

La reinserción social y sus características

Guillermo Sardi/Unidad de Conocimiento Caracas Mi Convive

Hace un mes tuve la oportunidad de conocer a Jorge, un padre de familia de seis niños, residente de Catia. Jorge estuvo preso dos años, según lo que relata, un cuerpo policial le sembró droga con el objetivo de robarle una cantidad grande de efectivo que traía consigo producto de su trabajo como comerciante. Jorge, a pesar de que su inocencia fue demostrada y salió en libertad, todavía aparece en el registro policial como si estuviera privado de libertad. Esto ha hecho que no pueda alejarse mucho de su comunidad para trabajar y conseguir alimentos para su esposa e hijos.

Ante el desespero del apagón que hubo en Caracas y a nivel nacional a principios de marzo, en un momento, con bastante pena, me confesó lo siguiente: “Un momento estaba por acabarse la comida y pensé en robar para darle de comer a mis hijos, ¿pero a uno a quién puede robar en este país? Si no hay nada”.

Las penas penitenciarias sin un proceso de reinserción social integral pueden ser un factor que aumente de forma significativa el crimen. Ante las condiciones desventaja social que tienen las personas al salir del sistema penitenciario, por el estigma asociado a haber estado en prisión, existe el riesgo de volver a reincidir en el crimen, como es el caso de Jorge, que ante verse sin opciones, consideró recurrir a las actividades delictivas.

En un estudio llevado a cabo a nivel nacional en Estados Unidos, se hizo un seguimiento detallado a una muestra grande de personas que salieron del sistema penitenciario. Los investigadores encontraron que, en un período de tres años, el 67.5% de las personas a las que se les mantuvo un control, fueron re-arrestadas por una ofensa nueva, el 46.9% fueron re-declarados culpables por un crimen nuevo y el 25.4% fueron sentenciados otra vez a prisión (Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2011). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring science. The Prison Journal Suplement, 91(3l), 48S-65S).

Tanto la historia de Jorge, como la evidencia científica, apuntan hacia una misma conclusión: un proceso de reinserción social penitenciaria no solo puede incluir la atención que se les da al privado de libertad durante su estadía en prisión, sino en muchos casos la atención posterior también es fundamental. En Estados Unidos se ha desarrollado un programa de reinserción social, llamado Roca, para miembros de bandas y jóvenes en alto riesgo de caer en la criminalidad que ha mostrado resultados altamente positivos. En el 2018, el 88% de los beneficiarios no fue arrestado nuevamente, el 78% permaneció en el programa y el 66% tuvo trabajo por más de seis meses. Este modelo que proponen es aplicable también para las personas que salen del sistema penitenciario.

El modelo de intervención propuesto por Roca consta de cinco principios fundamentales:
• Acercamiento constante: el programa parte del principio que las personas en más alto riesgo, por voluntad propia, no se acercan a participar en el programa. Es la organización que tiene que ir a buscarlos, este proceso no es fácil tampoco, muchas de las personas rechazan participar o cuando acceden a participar, rápidamente se salen del programa.

En este sentido, el acercamiento constante consiste en que un grupo de trabajadores sociales entrenados en la materia, se acercan de forma repetitiva a los potenciales beneficiarios del programa, inclusive cuando estos reinciden. Este acercamiento hace que los beneficiarios sientan esperanza de cambiar: el hecho que una persona esté para ellos, inclusive en los momentos donde abandonan el programa, hace que se establezca una relación de confianza entre las personas en situación de alto riesgo y la organización. Para Roca, este principio de no rendirse con sus beneficiarios constituye la piedra angular del programa.

• Relaciones transformadoras: para Roca el cambio de comportamiento de los beneficiarios se da por medio de la construcción de relaciones cercanas a largo plazo con miembros de la organización. Este tipo de relaciones son construidas con trabajadores sociales quienes utilizan técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual y de mentoría para guiarlos durante las diferentes etapas del modelo de intervención. Estos trabajadores sociales están disponibles para los beneficiarios las 24 horas del día. Muchas veces son los únicos que están ahí para ellos cuando están en problemas o son arrestados otra vez.

• Programa basado en etapas: Roca está basado en atender a diferentes perfiles de personas según sea su necesidad, muchas veces las personas que han estado en prisión tienen historial criminal pero no laboral. Este tipo de personas deben recibir una atención que comience por el desarrollo de habilidades básicas.

El programa tiene tres etapas de desarrollo de diferentes habilidades: de vida, educacional y empleo. En el desarrollo de las habilidades de vida, los beneficiarios, reciben atención psicoterapéutica con el objetivo de reducir las conductas impulsivas y resolver sus conflictos expresando sus emociones de forma asertiva. En el desarrollo educativo, los beneficiarios pueden desde asistir a una sola clase en una primera fase, hasta recibir un certificado educativo completo, este tipo de atención se adapta a las necesidades y capacidades de los beneficiarios. Por último, el desarrollo laboral implica desde trabajar inicialmente dentro de la organización hasta preparar una síntesis curricular y ayudarlos a conseguir una pasantía o un empleo fijo.

• Alianzas con instituciones: la organización entiende que el trabajo con estas personas no puede ser efectivo solamente con su trabajo, es necesario incluir a otras instituciones, con especial énfasis en aquellas involucradas en el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, Roca hace alianzas con policías que hacen labores de seguimiento a personas en libertad condicional, con organizaciones comunitarias y negocios en donde los beneficiarios pudieran ser parte de ellas o conseguir un empleo.

• Gerencia basada en la evaluación de los resultados: la organización de forma periódica evalúa el progreso de sus beneficiarios y el desempeño de su personal. Esta evaluación es realizada de forma semanal, mensual, cuatrimestral y anual. El objetivo de estas evaluaciones es mejorar la organización constantemente, tomando decisiones basados en datos estadísticos y cualitativos que registra el personal.

Lo que nos muestra el modelo de intervención de Roca es que las recaídas en actos delictivos en las personas que han estado en el mundo criminal son esperadas, sin embargo, una manera efectiva de reducirlas consiste acciones constantes y alianzas con otras instituciones que le brinden a los beneficiarios oportunidades, aun cuando reincidan.

Reporte 2018 sobre Violencia

Las fuerzas de seguridad del Estado como protagonistas de la violencia caraqueña constituyen el eje sobre el cual se estructuran los datos recabados por Monitor de Víctimas durante 2018.

El Informe Anual presentado por nuestra Unidad de Conocimiento contiene la información levantada, categorizada y difundida mediante nuestra plataforma Monitor de Víctimas, dentro de nuestra alianza con el medio digital Runrun.es.El reporte explica la metodología de recolección de datos por el equipo de periodistas y análisis de la información, y presenta los indicadores sobre la dinámica de la violencia acaecida en los cinco municipios de Caracas desde enero a diciembre 2018.

Entre los datos se incluyen: tipo de víctimas, color de piel, edades, género, nivel educativo, móvil de los homicidios, huérfanos causados por los crímenes y toda una sección sobre la caracterización de los victimarios. En 2018 las fuerzas de seguridad del Estado continúan como el principal ejecutor de homicidios, y el segmento de hombres entre 15 y 24 años forman el mayor porcentaje de víctimas.

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Reporte Febrero

Nuestra Unidad de Conocimiento publicó el Reporte Mensual correspondiente a Febrero 2019. De esta manera seguimos consolidando la sistematización de datos relativos a la dinámica de la violencia en Caracas. Nuestro Monitor de Víctimas constituye un esfuerzo de Mi Convive y Runrun.es para llevar registro de las muertes violentas en la ciudad ante la ausencia de estadísticas oficiales que permitan analizar, comprender y proponer mecanismos para reducir estos indicadores.

Entre los indicadores de febrero destaca que 84% de los homicidios reportados fueron cometidos con arma de fuego, lo cual debe propiciar un análisis sobre quiénes y bajo cuáles circunstancias sucede el porte de armas en la capital venezolana. Por otro lado, durante el periodo en cuestión las FAES fueron identificadas como victimario principal, con 41% de los homicidios cometidos en Caracas. Si se confronta este porcentaje con el de 43% de homicidios cometidos por delincuentes civiles, se puede establecer que las FAES son un organismo casi tan letal como los victimarios civiles.

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¿La cárcel o la tumba?

¿Cuáles son las opciones que tienen los jóvenes venezolanos en las comunidades con mayores índices de violencia social. Como parte de nuestro esfuerzo por comprender cómo fomentar la Convivencia en Caracas, el equipo de nuestra Unidad de Conocimiento continúa examinando las cifras recogidas por nuestro proyecto Monitor de Víctimas y dando luz sobre las propuestas y rutas necesarias para superar y transformar el efecto de la violencia en vías constructivas de la Caracas Posible.

Los psicólogos de Mi Convive, Guillermo Sardi y Santiago García, publicaron un reporte donde no solo se revisan las estadísticas que apuntan a las condiciones y la falta de oportunidades de este segmento de la población, sino además relatan una propuesta que desde Mi Convive puede ser replicada para empezar a modificar estas circunstancias.


He visto muchas cosas que prefería no ver… hace un par de
semanas mataron a un pana, fue un malandro. Estaban en una fiesta y el tipo lo tropezó. El malandro le dijo: “¿qué, tú qué?” y le cayó a tiros… Yo lo vi después… me puse a llorar

Juan,Cota 905

Este es el relato de Juan, un joven de 16 años de edad residente de la Cota 905. Esta narración materializa la realidad que experimentan los hombres jóvenes de zonas populares. Ellos constituyen el grupo de mayor riesgo de ser víctimas de la violencia en la zona metropolitana de Caracas. De acuerdo con los datos recolectados por el Monitor de Víctimas, el 65% de las muertes violentas en Caracas, ocurridas en el 2018, fueron jóvenes varones entre las edades de 15 y 29 años, donde la mayoría de los casos de homicidio registrados se concentran entre los 20 y 25 años.

Además, dentro de esta dinámica de violencia, los jóvenes no solo suelen ser las víctimas, sino a su vez los victimarios. Durante el 2018, en la zona metropolitana de Caracas, las muertes violentas en un 18.27% fueron producto del
enfrentamiento ente bandas organizadas y en un 44.08% en manos de fuerzas de seguridad del Estado, conformando un 62.35% del total de las muertes violentas que ocurrieron en ese año. Tanto los miembros de las bandas como los
funcionarios policiales también tienden a ser jóvenes varones provenientes de sectores populares. En la entrevista Juan afirma de forma breve pero contundente:

«Uno allá tiene dos finales, la cárcel o la tumba»

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