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Nuestra Unidad de Conocimiento publicó sus dos reportes más recientes acerca de los índices de violencia en Caracas. La recopilación de los datos corresponde a los periodos del 1 de diciembre al 31 de enero, segmentado en un reporte por cada mes.

La tendencia de los reportes anteriores se mantiene, lo que quiere decir que la fuerza pública continúa registrando el mayor porcentaje de homicidios en los diferentes municipios de la ciudad. La data indica que el lapso donde ocurre la mayor cantidad de muertes violentas abarca de las seis de la mañana a las doce del mediodía. Otro indicador relevante que ofrecen estos informes señala que las víctimas más comunes de estos crímenes corresponden a hombres de piel oscura, con una edad promedio de 28 años.

Puedes descargar ambos documentos de forma gratuita en los enlaces abajo.

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¿Cómo enfriar Puntos Calientes?

AUTORES: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

La violencia se concentra en pocos lugares y en pocas personas. El informe “Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia”, realizado por CAF en 2015, define los puntos calientes o hotspots como microespacios que concentran una proporción muy grande del crimen. Estas zonas se identifican luego de que los datos recogidos por los funcionarios policiales, inteligencia o denuncias de vecinos permiten geolocalizar  los delitos.

En áreas urbanas y suburbanas de países desarrollados el crimen tiende a agruparse desproporcionadamente en solo unas pocas cuadras. Por ejemplo, en Estados Unidos menos del 5% de las zonas populares genera más del 50% de los eventos delictivos en un año, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de Latinoamérica, que concentra 33% de los homicidios en el mundo, el crimen tiende a agruparse en sectores específicos con características socioeconómicas similares y vulnerables.

En ese sentido, la georreferenciación de los delitos parece una herramienta indispensable para abordar la violencia y su distribución. Esta forma de trabajo consiste en recoger, procesar y analizar los datos, para luego dividir las zonas de las que se registró la información en sectores más pequeños y determinados según los puntos donde se concentre el crimen. Los puntos calientes permiten a las autoridades utilizar datos históricos para decidir cómo, cuándo y dónde centrar sus esfuerzos e implementar acciones.

De esta manera, se podrá segmentar y crear un plan de patrullaje adaptado a atender las necesidades de las comunidades de forma específica. Según los resultados que arrojen los datos se plantean objetivos, zonas de acción y horarios en los que se llevará a cabo el plan. El recorrido de los policías debe ser aleatorio y no estar más de 15 minutos en el punto.

El informe “Policía y micro-geografía del crimen” del BID recomienda que el énfasis de la vigilancia policial debería centrarse en unidades geográficas de análisis muy reducidas, tales como segmentos de calles o pequeños grupos de manzanas, desde avenidas hasta direcciones individuales o esquinas. Ya que los grupos delictivos en un determinado lugar no cumplen el mismo patrón en comunidades más grandes.

Sin embargo los hotspots pueden moverse. Según las características de las zonas, los delitos van a ser frecuentes en áreas específicas, pero los “puntos calientes” pueden aparecer o desaparecer. Esto sugiere una posible adaptación de las personas que incurren en delitos ante las acciones policiales, haciendo que el crimen se desplace a otras áreas sin que represente una preocupación. No todos los puntos son igual de atractivos para delinquir y en este tipo de estrategias se monitorea el cubrimiento de todas las áreas críticas y la actualización constante de los datos, lo que se traduce directamente en menos delitos.

Estas estrategias se enfocan generalmente en la reducción de los casos de homicidio. Sin embargo, afectan de forma positiva en la reducción de otros delitos relacionados con la violencia. El informe RED 2014: Por una América Latina Más Segura explica también que, en Colombia por ejemplo, los mismos patrones de concentración de homicidio se observan para delitos de hurtos, lesiones personales y tráfico de drogas aunque un poco menos acentuados.

En Latinoamérica, y en Venezuela, ya hay experiencias…

En 2011 la Alcaldía Metropolitana (que abarca los cinco municipios de la capital, pero que a su vez tienen cuerpos policiales independientes) creó el Sistema Integrado de Estadísticas Delictivas con el objetivo de compilar y consolidar los datos y difundir la información entre cada cuerpo policial. El proyecto se basaba en hacer un diagnóstico de los organismos, incluyendo la capacitación en el uso de datos, y la emisión de informes sobre el delito.Por otra parte, según Patiño y Hohmann (2015), a través de la Dirección de Seguridad del municipio Sucre, específicamente en la comunidad de José Félix Ribas, La georreferenciación de los delitos fue llevada a cabo con éxito; por lo qyue, a través de esta política, se consiguió reducir en más de 30% los delitos en los tres años que la medida fue implementada.

En el caso de Colombia, iniciaron esta estrategia con la delimitación de las zonas por cuadrantes para luego georeferenciar los puntos críticos. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) fue creado en 2010 en las ocho ciudades más grandes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, con el cual se logró reducir 22% la tasa de homicidios en el país.

Con el PNVCC se buscó optimizar los recursos humanos y logísticos, implementar tecnología de avanzada y delimitar responsabilidades; además, se elaboraron planes y proyectos en todos los niveles que estaban orientados a la prevención del delito y al empoderamiento del funcionario policial. Para el cumplimiento de las metas se evaluaron tres aspectos fundamentales: la gestión policial, la reducción de estadísticas delictivas y la percepción ciudadana.

En Brasil, según explica un informe de 2016 del Instituto Igarapé, la efectividad de sus ciudades a la hora de reducir la violencia se debe a una serie de factores de carácter policial, estratégico y operativo. Los esfuerzos en recuperar los espacios públicos a través de actores no estatales, el restablecimiento de la presencia del Estado y la participación de la comunidad para priorizar, implementar y controlar los programas, contribuyó en el trabajo de prevención. En cuanto a los recursos tecnológicos, la innovación principal fue la creación de un sistema integrado de datos diseñados para identificar las “zonas calientes”.

Uno de los planes más conocidos en Brasil fue “Fica Vivo” en la ciudad de Belo Horizonte impulsado por los altos índices de homicidios en el país. Entre 2002 y 2006 se logró reducir 69% de las muertes violentas. El proyecto diseñó programas de policía comunitaria y del ámbito social, basado en la efectiva experiencia de Río de Janeiro, con el objetivo de transformar la relación entre las comunidades afectadas y las entidades públicas a través de la educación, capacitación y apoyo por parte de las empresas locales.

Un paso adelante

Los países que han logrado reducir el número de muertes violentas a través de del uso de datos e identificación de los “puntos calientes”, se han enfocado en los siguientes aspectos: acompañamiento de los planes de acción policial, compromiso de los funcionarios e instituciones, trabajo de inteligencia y desarrollo de la lógica civil para la prevención. Esto debe estar acompañado además de datos confiables y su constante monitoreo y análisis.

En Venezuela la responsabilidad de recabar la información sobre los delitos es del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Sin embargo, en un contexto político complejo y ante los altos índices de violencia, el acceso a los datos en el país está cerrado para los ciudadanos y para los entes policiales. Según lo señalado por el Instituto Igarapé, las estadísticas delictivas no se comparten a las policías estadales y regionales. 

Ante esta realidad, además de la censura a los medios de comunicación, Caracas Mi Convive y Monitor de Víctimas trabajan para recopilar los datos de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas. La información es verificada con las fuentes policiales y los familiares de las víctimas, de forma que se puedan caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas para reducir la violencia.

Por su parte, el CICPC sólo mantiene una clasificación reduccionista que no permite profundizar en las características de las muertes violentas y ahondar en el contexto, ya que se limita a clasificarlas dos formas: homicidios y resistencia a la autoridad. Es por ello que los datos recabados por Monitor de Víctimas se traducen en un paso adelante para la georreferenciación y caracterización de los delitos al momento de implementar una estrategia de “puntos calientes”.

Además, Caracas Mi Convive, también realiza un trabajo adelantado con la participación de la comunidad. A través de Talleres de Prevención de la Violencia los vecinos identifican los puntos críticos para buscar las formas de recuperar los espacios. Estos líderes comunitarios, quienes ya tienen experiencia, también podrían ser parte importante en ubicar las zonas de mayor conflicto, sirviendo como «patrulleros», yendo al sitio donde se reportó el crimen y con una herramienta tecnológica geolocalizar el homicidio.

Son muchos los países con altos índices de delictivos que aún no se apoyan en los datos para crear políticas que disminuyan la violencia. En Venezuela, además de un cambio en el ámbito político, económico y social, se requiere del compromiso del Estado para trabajar en la prevención y disminución del delito; una reestructuración para los organismos de las fuerzas públicas y una estrategia de incentivos a los funcionarios adaptadas a la realidad del país, acompañado a su vez por estadísticas y el uso pertinente de datos que sostengan la actuación policial y su desempeño.

Finalmente, es necesario que el Estado garantice la transparencia y el acceso a los datos públicos, por parte del CICPC, las policías estadales y los ministerios. No solo en cuanto a la violencia sino también en todos los ámbitos, de modo que puedan crearse políticas segmentadas, basados en evidencia, a las necesidades de la población. Debe haber además un compromiso, esfuerzo y asignación adecuada de recursos para una completa y verídica recolección de información, ya que los países de América Latina y el mundo han demostrado que su correcta recopilación, análisis e implementación, afectan directamente en la prevención y disminución del delito.

Conozca nuestras 2 publicaciones

Presentamos dos publicaciones destinadas a poner en evidencia las dos caras de una circunstancia que impacta la realidad cotidiana de los caraqueños: las políticas de “mano dura”.
Se trata de dos investigaciones. La primera de orden cuantitativo, titulada “Bajo Tierra, las muertes por parte de organismos públicos y el aumento de las muertes violentas en Caracas”, la cual constituye un levantamiento exhaustivo de datos sobre el dañino efecto de las políticas más recientes de seguridad ciudadana en la capital, con cifras duras sobre los operativos en diferentes segmentos: dónde se cometen las ejecuciones extrajudiciales, cuáles son sus principales víctimas, cuáles municipios registran mayor actividad, y sobre todo, quiénes cometen los crímenes. Esta publicación ha sido posible en el marco de la alianza para el Monitor de Víctimas con Runrun.es y el apoyo de Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia).


La segunda constituye una investigación cualitativa, un esfuerzo por recoger el testimonio de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, convertidos también en víctimas, y cómo sobrellevan el desconcierto por su pérdida, su lucha por reivindicar a sus seres queridos asesinados, y cómo canalizan su voluntad de evitar que se siga multiplicando la violencia policial como “método” de seguridad ciudadana. Esta publicación se titula: “Cuando suben los de negro, experiencias de duelo en víctimas de violencia policial”.
La presentación de ambos documentos, únicos en el país (necesarios debido a la desinformación oficial sobre estos temas de gran magnitud) se realizó en la librería Alejandría (antigua Lugar Común), sede Las Mercedes, y contó con una conversación sobre sus principales aportes a cargo del experto en violencia urbana  José Luis Fernández Shaw, así como de Frima Udelman, Santiago García y Guillermo Sardi, quienes forman parte del equipo investigador de Caracas Mi Convive.  Descarga los documentos en forma gratuita, aquí

REPORTE OCTUBRE

Foto Guillermo Suárez

 

Aunque las ejecuciones extrajudiciales han liderado la tendencia como móvil de los homicidios cometidos en Caracas (33%), para este mes nuestro Monitor de Víctimas identificó al robo como primera causa.  Descargue aquí los detalles.

Entre otros resultados de nuestro proceso de verificación y recopilación de datos del mes, realizados en alianza con Runrunes, se obtuvieron:

  • De 89 homicidios en Caracas, 60 fueron cometidos en el municipio Libertador. Se mantiene la tendencia.
  • Aunque la mayoría de los crímenes suceden en la vía pública, no deja de alarmar que la vivienda es el segundo espacio donde más se cometen. Se mantiene la tendencia.
  • Otro dato preocupante relacionado con el anterior, es que en octubre de cada 10 homicidios perpetrados dentro de viviendas, 7 fueron ejecutados por fuerzas de seguridad del Estado.  Se mantiene la tendencia.
Obtener toda la información.  Reporte Mensual. Octubre 2018

¿Cómo reivindicar la figura policial en Venezuela?

 La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas. Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela. 

AUTORES: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Crear cercanía con la sociedad y cambiar la percepción preestablecida sobre los organismos de seguridad requiere estrategias que apliquen la lógica civil y el respeto por los Derechos Humanos. Una de ellas es la policía comunitaria, la cual trabaja para prevenir los delitos mediante la aproximación con la comunidad, el trabajo de inteligencia y las denuncias.

A diferencia de las prácticas que implican el uso de la fuerza, este tipo de cuerpo puede enfrentar las raíces de la criminalidad mediante la participación ciudadana, políticas sociales preventivas y rendición de cuentas; su personal es entrenado de manera distinta e instruido en aspectos como el trabajo comunitario y los derechos civiles.

Un avance en materia de este tipo de organización de la comunidad y que puede servir de base para un trabajo sostenible de policía comunitaria es el que ha venido construyendo desde 2013 la organización Caracas Mi Convive. Uno de sus principales proyectos consiste, precisamente, en realizar actividades para lograr la la prevención de la violencia y fomentar la convivencia en diferentes zonas populares de la capital venezolana. Mi Convive se ha preocupado por empoderar a las comunidades, para que conozcan sus problemas y sirvan de coordinadoras y gestoras de sus soluciones. Esto significa un paso adelante al momento de reestablecer la confianza con los funcionarios y pensar en la creación de la policía comunitaria como estrategia para solventar la violencia.

Reemplazar la lógica militar

Por medio del trabajo en conjunto entre la policía y las comunidades es posible reducir la violencia y consolidar una imagen positiva de las fuerzas de seguridad que derive en legitimidad ante los ciudadanos; aun cuando en América Latina la relación entre los funcionarios de seguridad y la ciudadanía sigue marcada por la desconfianza, la violencia y el miedo.

El rechazo de la población hacia las fuerzas públicas está fundamentado en los abusos, pero también en la indiferencia, complicidad y colaboración de algunos organismos policiales ante los delitos. Entre 2010 y 2014, el proyecto global de investigación social World Values Survey (WVS) analizó este aspecto en 60 países, cuyos resultados mostraron que cuatro de las cinco naciones con menor confianza en la policía están en Latinoamérica.

En Venezuela se ha implantado la lógica militar dentro de las instituciones policiales y la politización de su funcionamiento. Los funcionarios saturan a los ciudadanos con redadas y arrestos arbitrarios generando más violencia, sobre todo en las parroquias populares como Petare, Sucre y El Valle. Según el Foro Penal venezolano, en su informe Represión del Estado en Venezuela: “Desde el 1º de abril de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 hubo 5341 personas arrestadas arbitrariamente con fines políticos”.

Además, según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 5 de cada 10 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas se debe a un hecho de violencia policial. En cuanto a las ejecuciones, 52% de los casos ocurrieron dentro de la vivienda de las víctimas.

Los planes de seguridad ciudadana en Venezuela se han restringido a las respuestas violentas luego de que se cometen los crímenes, ejemplo de ello son los procedimientos desarrollados en las Operaciones de Liberación de la Patria (OLP) conocidos por los abusos sistemáticos y violaciones de Derechos Humanos por parte de los funcionarios involucrados.

Una policía más cercana

La policía comunitaria se enfoca en solucionar los problemas que aquejan a los vecinos. Al estar constantemente presentes en las zonas, conocen a la población, se mantienen en continua comunicación con estay analizan las condiciones locales; además, previenen y controlan los delitos al actuar como agentes de inteligencia en el seguimiento de bandas criminales.

Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas en el Brooklyn College, explica que este tipo de iniciativas involucra a la sociedad al frente de la lucha contra la inseguridad y el delito, por ejemplo, mediante jornadas de vigilancia barrial, consejos policía-ciudadanía, programas dirigidos a sectores vulnerables, encuentros entre miembros de la comunidad, conformación de guardias vecinales, patrullaje de a pie y otros.

Esta modalidad surgió en la década de los años sesenta como una de las formas menos conservadoras para la prevención de la violencia. En Estados Unidos se popularizó hacia la década de los años noventa y más tarde replicadas en países de América Latina, por ejemplo, en Colombia.

En el Reporte de Economía de Desarrollo (2014) de la CAF se explica cómo la policía comunitaria colombiana logró reducir la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad.

En 2010, dentro del Plan Nacional de Prevención del Delito, se llevó a cabo el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) en las ocho principales ciudades de Colombia. El territorio de cada ciudad se dividió en cuadrantes, que consistían en áreas geográficas reducidas y bien delimitadas. A cada zona se le asignó un número fijo de policías quienes eran responsable por la evolución del crimen en sus respectivas zonas.

Los policías debían detectar los principales problemas de inseguridad y definir una estrategia para confrontarlos trabajando junto con la comunidad. El informe señala que la mayor motivación de los funcionarios se debió a la afinidad generada ante la realidad de cada población.

Cambiar la estructura institucional

El profesor Mark Ungar explica también que la policía comunitaria implica cambios en los horarios de trabajo, en las formas de rendición de cuentas y en la manera en que participa la comunidad. Los oficiales en general tienen un rol clave para el éxito de este tipo de iniciativas, sin embargo, estos funcionarios muchas veces representan una amenaza a la autoridad de la estructura policial común. Es por ello que debe fomentarse la cooperación y el apoyo de cada rango.

Para avanzar en Venezuela hacia el desarrollo de un proyecto enfocado en una policía comunitaria, se requiere en primer lugar de un cambio estructural que permita fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales por parte de la sociedad. Es necesario depurar los organismos de seguridad pública y reformar su modelo, desarrollar la lógica civil y priorizar la seguridad ciudadana.

Además, debe definirse un programa que atienda las necesidades de los funcionarios incluyendo mejoras salariales y bonos, que sirvan de motivación para ambos grupos y eviten que quienes trabajen directamente con la comunidad puedan ser “una amenaza” para los otros rangos. A partir de allí, reivindicar la figura policial y su conexión con las comunidades será un trabajo más sencillo que permitirá sin duda abordar el tema de la violencia y la criminalidad de manera íntegra y colaborativa.