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Reporte agosto y septiembre

Foto Guillermo Suárez


Nuestro equipo de Monitor de Víctimas dio a conocer los reportes más recientes sobre cómo opera la violencia en Caracas.  Se trata de un informe completo que detalla, entre otras variables, dónde se cometen los homicidios con mayor recurrencia, según municipio y parroquia, y a manos de quién, personas e instituciones, se cometen.  Estos reportes permiten seguir el pulso de este problema estructural de nuestra capital y servir de insumo para la formulación de políticas públicas de seguridad ciudadana.

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La importancia de los incentivos para la seguridad ciudadana: caso Pernambuco, Brasil

La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas.  Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela.

Autores: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Los bajos salarios y las desigualdades en los ingresos señalan como poco atractiva la carrera policial y conducen a la falta de compromiso y satisfacción laboral, lo que puede asociarse con bajo nivel de desempeño y prácticas deshonestas, explica Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. En el año 2006, el salario de los policías venezolanos apenas superaba el sueldo mínimo en los rangos más bajos: entre US$200 y US$250; mientras que en 2011 un policía en Uruguay ganaba US$400 y en México US$800.

Los datos recopilados por la plataforma Monitor de Víctimas identifican a la policía como el segundo victimario de los homicidios que suceden en Caracas: 46% de los casos se deben a ejecuciones y resistencia a la autoridad. Cuando escuchamos el testimonio de familiares de víctimas de la violencia del Estado pareciera que los funcionarios perciben que el costo de cometer un crimen es cercano a cero. Venezuela, después de México y Perú, es el tercer país con el índice más alto de impunidad en América Latina, y a escala mundial ocupa el sexto lugar. Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia los cuerpos policiales. Según Encovi (2018) 65% de la población desconfía del trabajo de la fuerza pública. Por otro lado, las políticas de seguridad ciudadana se han simplificado en operativos de “mano dura” y el Estado se ha olvidado de ofrecer beneficios económicos y sociales a los funcionarios. Esto los lleva a alejarse cada vez más de su labor de prevenir y combatir el delito para, precisamente, incurrir en estos. El gobierno venezolano también ha hecho a un lado las políticas básicas para lograr la reducción de homicidios: intervención de espacios públicos, inclusión de la ciudadanía, inversión en programas sociales para la prevención de la violencia, y otros.

Políticas para revertir la realidad
En abril de 2018, el medio digital Efecto Cocuyo señaló mediante una investigación que el sueldo de un comisionado de la Policía del municipio Sucre (estado Miranda), con 20 años de carrera policial, un posgrado y una maestría, no superaba los 2 500 000 bolívares (esto es, aproximadamente US$4, que equivalía al precio de medio pollo y un cartón de huevos para la fecha). Es por ello que en muchos casos los funcionarios recurren a prácticas ilegales conocidas como “matraqueo” o prefieren hacer labores como escolta y seguridad privada, dado que no existen los incentivos salariales para permanecer en los cuerpos de seguridad del Estado.
En este contexto se debe incluir la destrucción institucional de la Fiscalía y el sistema judicial, todo esto sumado al debilitamiento de la sociedad civil y su capacidad para hacer contraloría a las acciones de la fuerza pública.
Ante esta realidad, ¿es posible crear políticas públicas viables para revertir el deterioro institucional de la Policía? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, que concentra 1% de los homicidios a escala mundial. Entre 2007 y 2013 se llevó a cabo el proyecto Pacto por la Vida, con el cual lograron reducir el número de muertes violentas en 40%, de 4592 a 3101.
El programa Pacto por la vida fue creado bajo el mandato del exgobernador brasileño Eduardo Campos, con asesoría del doctor en Sociología José Luiz Ratton. El proyecto se enfocó en la reducción de los homicidios por medio de incentivos económicos a los funcionarios con el objetivo de transformar su actuación. El componente más importante era trabajar en la investigación de los casos, para así aumentar el costo de cometer un crimen.
Luego de diagnosticar el problema, los especialistas hicieron foros en los que se incluyó a la ciudadanía y a distintos movimientos afectados por la violencia. Sus solicitudes se convirtieron en metas; esta fue una característica clave en el modelo.
Sobre esta experiencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que las reuniones periódicas con las autoridades y el seguimiento de los objetivos fueron vitales para el proyecto. Por ejemplo, cuando los datos registraban retrasos en las metas, los funcionarios debían dar explicaciones sobre los inconvenientes que lo habían causado. Por cada objetivo principal se evaluaban metas financieras y se establecían sistemas de pago por desempeño, de forma que los salarios de los cuerpos policiales aumentaron significativamente. El BID señala que el gasto en personal creció en un 29% en términos reales entre 2008 y 2013.

Prevenir los homicidios

Uno de los éxitos de Pacto por la Vida fue la reducción de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues al crearse las bonificaciones los funcionarios se enfocaron en investigar los casos y dejaron de cometer asesinatos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las características de la violencia en Brasil y el no haber trabajado en la prevención de los homicidios afectó la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Por ejemplo, los funcionarios alteraban los datos moviendo de lugar los cadáveres para que la muerte perteneciera a otra área, y así cumplir con los objetivos de reducción planteados en la planificación.

Otra de las fallas fue la creación de un nuevo bono por la incautación de drogas en 2012. Esto generó un cambio en las motivaciones de los agentes, ya que incautar droga y localizar a los vendedores resultaba una actividad más fácil y rentable que investigar los homicidios. El nuevo incentivo desvió los esfuerzos de los funcionarios por reducir los homicidios dando como resultado el aumento de la violencia.

Las características de la violencia en Brasil actualmente siguen siendo similares a Venezuela. En ambos países las armas de fuego son incautadas pero no destruidas. Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó para Monitor de Víctimas que las armas decomisadas en Venezuela entran en custodia pero luego regresan a manos de los grupos violentos, reinician su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. Luiz Ratton, durante una visita a Venezuela, contó que en Brasil algunas veces un arma se denuncia como robada cuando en realidad fue vendida y que, incluso, en ocasiones son alquiladas.
Hoy Brasil figura entre los primeros lugares de violencia en el mundo con 12% de homicidios. Pernambuco aumentó su número de muertes a 5030 una vez se abandonó el programa Pacto por la Vida. Los expertos aseguran que en este tipo de proyectos deben incluir políticas públicas de prevención de homicidios según las diferentes áreas: violencia de género, grupos LGBT, tráfico de drogas, entre otros.
Desde Caracas Mi Convive consideramos que el ejemplo de Pernambuco es aplicable para Venezuela, tomando en cuenta algunas similitudes que puedan tener y las correcciones y adaptaciones que ameriten. La deplorable situación y las condiciones en las que trabajan los funcionarios policiales obligan a definir un programa extenso de atención inmediata para este gremio, que incluya mejores salarios, dotación de recursos y equipos, y fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales.
Es importante resaltar que para poder ejecutarlo con éxito se debe contar con una economía estable y crear una relación de confianza entre los funcionarios y los ciudadanos. La reducción de homicidios en el país depende de una reforma en las fuerzas de seguridad pública del Estado y que sea abordado como un tema prioritario para el Ejecutivo. Se debe contar con un compromiso de continuidad política entre las gestiones gubernamentales para su sostenibilidad y efectividad en el tiempo, así como la voluntad para hacerlo de manera sensata y despolitizada. La ciudadanía será fundamental para consolidar una solución consensuada e inclusiva, y al contar con un sistema policial sólido y legitimado se podrá enfrentar la violencia que vive Venezuela.

Políticas de mano dura:carta blanca para el abuso policial

Foto Gabriel Osorio
La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas.  Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela.

Autores: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Latinoamérica concentra una parte muy pequeña de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000l personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, 14 de los 20 países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe. Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

Campaña regional Instinto de Vida

América Latina sigue alzándose contra los homicidios

América Latina alberga alrededor de 8% de la población mundial, sin embargo, concentra la mayor parte de los homicidios en el mundo, pues 38% de ellos ocurren en esta región. El problema recae especialmente en siete países: Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Por esta razón, distintas organizaciones, cansadas de ver lo que ocurre en estos lugares, decidieron crear la alianza latinoamericana Instinto de Vida.

En el marco de esta campaña por la desnormalización de la violencia, las organizaciones participantes, a través de sus investigaciones, descubrieron que mediante actividades culturales y de pacificación, las víctimas lograron dejar de justificar los homicidios y comenzaron a pedir justicia por sus familiares.

Lee también: Caracas es Instinto de Vida

Por ello, estas organizaciones comenzaron a realizar diversos eventos culturales, en cada uno de estos países, para concienciar sobre dicha problemática y generar cambios.  A partir de estas acciones,  más personas se suman al trabajo de la prevención de la violencia.

Caracas Mi Convive es una de estas organizaciones que día a día trabaja por la desnormalización de la violencia. Ve el siguiente material audiovisual donde se recaban testimonios de varios organizadores de esta campaña regional.

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¿Qué derechos?

Por Juan F. Mejía

Una aproximación a la violencia policial en Caracas

El pasado viernes 22 de junio realizamos el primer foro en el marco del proyecto Monitor de Víctimas, en el auditorio del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j., de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En dicho evento participaron como ponentes Verónica Zubillaga, sociólogo experta en violencia de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Ronna Rísquez, periodista del portal digital Runrun.es y parte del equipo de Monitor de Víctimas, Roberto Patiño, fundador de Mi Convive y del proyecto Alimenta La Solidaridad,  Juan F. Mejía y Santiago García, del equipo del Monitor de Víctimas por Caracas Mi Convive.

Las ponencias estuvieron dedicadas al tema de la violencia policial en Caracas. Santiago García y Juan F. Mejía presentaron testimonios y cifras levantadas en el marco del proyecto, las cuales revelaron que casi 40% de los homicidios que ocurren en la capital del país son responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, las víctimas son hombres (99%) jóvenes (de 23 años de edad en promedio) de sectores populares, lo cual da cuenta de una política de exclusión y ensañamiento hacia un grupo específico.

Verónica Zubillaga explicó como se ha migrado de una política de encarcelamiento masivo a una política de exterminio, entre los años 2010 y 2018. Se apoyó en testimonios de funcionarios policiales y familias de víctimas de la violencia estatal.

Te invitamos a ver la entrevista realizada por VPI a Santiago García sobre el primer foro del Monitor de Víctimas.

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Retratos contra la impunidad

Código 62, retratos contra la impunidad

El pasado jueves 19 de julio inauguramos en el tercer piso del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la exposición fotográfica Código 62, retratos contra la impunidad: una composición de retratos bajo el lente de Gabriel Osorio y relatos de familiares que pretende visibilizar los efectos desgarradores e irreversibles de las políticas de mano dura (la militarización de la seguridad ciudadana) sobre las familias de los sectores más vulnerables y excluidos de Caracas, cuyos hijos, nietos y hermanos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las historias, narradas por los mismos familiares, sirven como un acto de denuncia, pero también dan testimonio de un movimiento que surge de quienes desde el primer día se oponen al silencio y la impunidad del Estado.

Verónica Zubillaga, sociólogo experta en violencia de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) en el foro «Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial»

Para contextualizar la exhibición, la jornada inició con un foro presentado por el Monitor de Víctimas llamado ¿Qué derechos?: Una aproximación a la violencia policial, encabezado por Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrun.es, Verónica Zubillaga, sociólogo experta en violencia de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), y Santiago García y Juan Francisco Mejía del equipo del Monitor de Víctimas de Caracas Mi Convive.

¿Qué hay detrás de Código 62, retratos contra la impunidad?

Código 62 se realiza en el marco de la Red de Atención a la Víctima, cuyo objetivo es poder servir de puente entre lo privado y lo público; entre la vivencia individual de la pérdida y el señalamiento a los responsables, la politización del dolor de quienes sistemáticamente han sido, y continúan siendo, víctimas de abusos por parte del Estado, cuidando siempre la integridad y seguridad de quienes confían sus historias. 

Exposición Código 62, Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j., UCAB

Los retratos y relatos de los familiares no solo reflejan cómo los familiares vivieron los acontecimientos, también rinden homenaje a ellas, principalmente mujeres, que se han propuesto lidiar con el dolor de la pérdida a través del activismo. Pero, ¿qué hay detrás de la planificación de una exposición que pretende visibilizar violaciones de Derechos Humanos?

Nos encontramos con el temor de las personas y organizaciones propietarias de tres espacios donde solicitamos hacer la exposición, antes de dar con el Centro Cultural de la UCAB; con miedo de ser, también ellos, víctimas de estos abusos policiales. Entendemos que en cierta medida ya son (somos) víctimas de la intimidación que lleva a optar por el silencio, que lleva a procurar la preservación de lo propio, a pesar del nivel de malestar que esto pueda producir por lo ajeno: no lo entendemos como falta de empatía sino como la reacción natural ante los mecanismos de control social que se perciben cada vez más cercanos.

El proceso de construcción de la exposición pasó por proponer la idea y desarrollar sus objetivos: tomar las fotografías a los familiares sosteniendo un retrato de su ser querido, levantar las historias, transcribirlas, sintetizarlas, volver a sintetizarlas y por último, hace un par de semanas, nos reunimos con las homenajeadas para revisar sus impresiones sobre la redacción de las historias, para hacer las modificaciones que consideraran necesarias y aprobaran las versiones finales de sus historias, tal como habíamos acordado que haríamos. Después de todo, son ellas quienes nos prestan ese pedacito de su vida para articular una movilización que permita visibilizar los abusos del Estado y el dolor que los acompaña, desde la perspectiva del familiar de la víctima.

Las madres revisando sus historias

Pero lo más importante, en el trabajo con las homenajeadas (las madres y otros familiares de estos jóvenes), nos encontramos con dos caras de la misma moneda: por un lado el deseo de guardar silencio, de dejar a un lado el dolor solamente por un momento, nos encontramos con la culpa y la impotencia frente a la pérdida inesperada, abusiva y violenta, con la desesperanza y el miedo de enfrentarse a un sistema judicial con poca disposición a hacer justicia, nos encontramos con el deseo, a veces latente y a veces explícito, de “normalidad”, de que todo sea como antes.

Sin embargo, nos encontramos también con la valentía y perseverancia de seguir, semana a semana, sus casos y denuncias en las instituciones públicas competentes, nos encontramos con el deseo de asignarle palabras al horror que no puede ser nombrado, de ponerle fecha, hora y responsable a lo ocurrido, nos encontramos con el ambiente solidario y empático de quien comparte la experiencia, pero también de quien la escucha y pone a la orden un abrazo comprensivo; nos encontramos con la ilusión y la esperanza de lograr el reconocimiento de la vida del hijo a través de la visibilización de su historia, tanto dentro de su comunidad como en otros espacios, como la exposición, como una manera de sentirse conectadas de alguna manera con su hijo, esposo o nieto, que les ha sido arrebatado.

¿Existe la pena de muerte en Venezuela? ¿Existe el derecho a la vida en nuestro país? Ambas, preguntas retóricas que se pasean por la cabeza de los miembros de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh), los homenajeados, a quienes procuramos acompañar en su paso al frente, el que deciden dar con signos de vida y valentía, pese a los intentos de desmovilización de quienes intentan borrar las huellas de injusticia y dolor que van dejando a su paso.

Puentes de encuentro

Decenas de personas se acercaron el día de la inauguración a escuchar y conocer las acciones de los cuerpos de seguridad en los sectores populares de la capital a través del foro. Luego, escucharon las palabras de Jennifer Rotundo y Elibeth Pulido, dos de las madres homenajeadas que dieron apertura a la exposición.

Una mujer del público se acerca a Jennifer Rotundo

Mientras algunos interactuaban con la exhibición, otros se acercaron a los familiares que ese día asistieron para ofrecer palabras de aliento y reconocimiento: una aproximación al puente entre la vivencia privada de la violencia y la injusticia, y la mirada del público dispuesto a ver y escuchar con solidaridad lo que estas madres tenían para narrar, dando sentido a la idea que meses atrás había empezado a construirse.

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