: Monitor de Víctimas

Reporte Marzo

La edición de marzo 2019 de nuestro Reporte Monitor de Victimas sobre la violencia en Caracas, cuantifica la información sobre cuántos homicidios sucedieron en la ciudad, quiénes los perpetraron, cuáles son las características y contexto de las personas víctimas y otros detalles.

En el tercer mes del año, resalta entre la data consolidada que 100% de las víctimas de homicidios fueron civiles, lo que confirma la tendencia del trimestre completo: 97% de fallecidos de forma violenta no pertenecía a ninguna institución armada nacional. Por otro lado, las viviendas continúan como el segundo lugar donde estas muertes violentas se producen.

Haz clic en el siguiente enlace para conocer la información completa de nuestro reporte

Reingeniería policial: la depuración necesaria

Fabiana Crisci (Runrun.es)/Manuel Parejo (Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive)

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida. Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015). Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI,2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante. Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

¿Cómo hacer esta depuración policial en un contexto tan complejo como el venezolano?

En el ámbito del organismo de cooperación ciudadana, es indispensable la creación de un consejo de contraloría interdisciplinario y externo que facilite la denuncia y revisión de los casos que ameriten la expulsión de un funcionario. Precisamente, en la depuración policial a desarrollar, el primer paso debe ser una auditoría externa para investigar los antecedentes de los funcionarios activos, además de indagar sobre cómo se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios, denuncias de abusos y evaluación policial. Al revisar estas dinámicas, aquellos policías con antecedentes penales o denuncias abiertas sobre violaciones de derechos humanos, deberían ser desplazados lo más pronto posible de la organización.
Este procedimiento de seguimiento y revisión externa, requiere ser oportunamente presentado ante los departamentos institucionales encargados de recibir y ejecutar las sanciones disciplinarias que deriven según la magnitud de la violación de la ley cometida. Esto último, con la finalidad de abordar los casos de delitos policiales de mayor gravedad con prontitud y precisión.

Ahora bien, uno de los problemas más inmediatos que derivan de esta primera fase de limpieza policial en los organismos de seguridad del país, lo constituye el descenso en el número de funcionarios policiales. Este factor de contracción, luego de la verificación de los expedientes legales de cada funcionario, se daría en instituciones policiales que ya han sufrido una deserción de miembros operativos. Según la organización Transparencia Venezuela (2017), ha existido un decrecimiento en el tamaño de los organismos policiales de 11% del total de los funcionarios activos del país.

Como respuesta para contrarrestar este efecto negativo, una alternativa viable sería incluir civiles y funcionarios retirados para asumir labores administrativas y así redistribuir los agentes formados para la intervención policial según los requerimientos poblaciones y estratégicos. Por ejemplo, en Israel una de las soluciones que encontraron fue incorporar trabajadores civiles para suplir las labores administrativas de forma que no afectara el trabajo del personal en ejercicio. Por otro lado, es imprescindible sacar a los privados de libertad de los calabozos policiales, ya que en la actualidad existen una gran cantidad de funcionarios que se dedican al cuidado de privados de libertad, los cuales no están preparados para asumir ese rol.

Considerando lo dicho, y para contextualizar aún más el impacto que tendría una eventual depuración en los organismos policiales en Venezuela, una estimación propia de la Unidad de Conocimiento es que pudiera experimentarse una disminución aproximada del 52% de los funcionarios en comparación con las cifras del 2012, siendo las últimas disponibles en relación al número de funcionarios activos en el país. Esta reducción dejaría a Venezuela con aproximadamente 44.620 funcionarios, lo que significa una tasa de 152.06 por cada cien mil habitantes. La Organización de las Naciones Unidas recomienda una tasa de al menos 300 policías por cada cien mil habitantes.
Asimismo, las sanciones y procedimiento de despido de los funcionarios policiales deben diseñarse bajo el principio de proporcionalidad, como se ha mencionado anteriormente. Para ello es necesario implementar una política de tolerancia cero en los casos donde haya ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, ya que ambos casos son violaciones graves a los DDHH y constituyen las formas más recurrentes en las que los organismos de seguridad del Estado venezolano quiebran la ley en la actualidad.

¿Qué ocurre después de una depuración policial en Venezuela?

Es evidente que los nexos criminales que poseen algunos funcionarios policiales no es el único problema que enfrenta el Estado y la sociedad venezolana para disminuir los altos índices de violencia en el país. Aun cuando, creemos que la depuración policial es el punto de partida para desplegar un programa de pacificación y garantías de seguridad en Venezuela, una vez que se logre este primer paso, existen otros procesos y reformas que serán pertinente abordar.

En primer lugar, diseñar un esquema salarial atractivo y digno, para así atraer a potenciales funcionarios y retener el capital humano valioso que existe. Segundo, la exigencia de profesionalizar el perfil de los policías, es decir que al menos hayan terminado la educación secundaria y su ingreso a un programa de formación continua adecuado a los estándares policiales y al contexto en el cual desenvuelven sus funciones. Y tercero, el reconocimiento público a las buenas prácticas policiales, de manera tal que el policía se sienta respaldado al momento de haber destacado en su trabajo no solo por las autoridades máximas sino también por la ciudadanía.
En resumen, estos tres lineamientos que acompañarán a un proceso de depuración policial, se enmarcan dentro de un aspecto fundamental en la reingeniería de la seguridad ciudadana en Venezuela: la dignificación de las labores policiales y la confianza que el ciudadano debe tener sobre sus funcionarios. Las propuestas que en este artículo se definieron brevemente, apuntan a ese objetivo ineludible.

1 Según María Victoria Llorente, de 1995 al 2001 se despidieron cerca de 8500 uniformados de distintos rangos, lo que equivalía aproximadamente a 12% de los miembros de la corporación”(Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009)
2 Investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, MA. en Internacional Security Studies de la Universidad de Reading, Inglaterra.
3 Estos cálculos utilizados son extraídos del apartado de reorganización, depuración y contraloría policial del documento de Políticas Públicas para la reducción de homicidios que está elaborando la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive.

Reporte 2018 sobre Violencia

Las fuerzas de seguridad del Estado como protagonistas de la violencia caraqueña constituyen el eje sobre el cual se estructuran los datos recabados por Monitor de Víctimas durante 2018.

El Informe Anual presentado por nuestra Unidad de Conocimiento contiene la información levantada, categorizada y difundida mediante nuestra plataforma Monitor de Víctimas, dentro de nuestra alianza con el medio digital Runrun.es.El reporte explica la metodología de recolección de datos por el equipo de periodistas y análisis de la información, y presenta los indicadores sobre la dinámica de la violencia acaecida en los cinco municipios de Caracas desde enero a diciembre 2018.

Entre los datos se incluyen: tipo de víctimas, color de piel, edades, género, nivel educativo, móvil de los homicidios, huérfanos causados por los crímenes y toda una sección sobre la caracterización de los victimarios. En 2018 las fuerzas de seguridad del Estado continúan como el principal ejecutor de homicidios, y el segmento de hombres entre 15 y 24 años forman el mayor porcentaje de víctimas.

Descarga aquí

Reporte Febrero

Nuestra Unidad de Conocimiento publicó el Reporte Mensual correspondiente a Febrero 2019. De esta manera seguimos consolidando la sistematización de datos relativos a la dinámica de la violencia en Caracas. Nuestro Monitor de Víctimas constituye un esfuerzo de Mi Convive y Runrun.es para llevar registro de las muertes violentas en la ciudad ante la ausencia de estadísticas oficiales que permitan analizar, comprender y proponer mecanismos para reducir estos indicadores.

Entre los indicadores de febrero destaca que 84% de los homicidios reportados fueron cometidos con arma de fuego, lo cual debe propiciar un análisis sobre quiénes y bajo cuáles circunstancias sucede el porte de armas en la capital venezolana. Por otro lado, durante el periodo en cuestión las FAES fueron identificadas como victimario principal, con 41% de los homicidios cometidos en Caracas. Si se confronta este porcentaje con el de 43% de homicidios cometidos por delincuentes civiles, se puede establecer que las FAES son un organismo casi tan letal como los victimarios civiles.

Descarga gratuita aquí

Descarga nuestros reportes

Nuestra Unidad de Conocimiento publicó sus dos reportes más recientes acerca de los índices de violencia en Caracas. La recopilación de los datos corresponde a los periodos del 1 de diciembre al 31 de enero, segmentado en un reporte por cada mes.

La tendencia de los reportes anteriores se mantiene, lo que quiere decir que la fuerza pública continúa registrando el mayor porcentaje de homicidios en los diferentes municipios de la ciudad. La data indica que el lapso donde ocurre la mayor cantidad de muertes violentas abarca de las seis de la mañana a las doce del mediodía. Otro indicador relevante que ofrecen estos informes señala que las víctimas más comunes de estos crímenes corresponden a hombres de piel oscura, con una edad promedio de 28 años.

Puedes descargar ambos documentos de forma gratuita en los enlaces abajo.

¿Cómo enfriar Puntos Calientes?

AUTORES: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

La violencia se concentra en pocos lugares y en pocas personas. El informe “Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia”, realizado por CAF en 2015, define los puntos calientes o hotspots como microespacios que concentran una proporción muy grande del crimen. Estas zonas se identifican luego de que los datos recogidos por los funcionarios policiales, inteligencia o denuncias de vecinos permiten geolocalizar  los delitos.

En áreas urbanas y suburbanas de países desarrollados el crimen tiende a agruparse desproporcionadamente en solo unas pocas cuadras. Por ejemplo, en Estados Unidos menos del 5% de las zonas populares genera más del 50% de los eventos delictivos en un año, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de Latinoamérica, que concentra 33% de los homicidios en el mundo, el crimen tiende a agruparse en sectores específicos con características socioeconómicas similares y vulnerables.

En ese sentido, la georreferenciación de los delitos parece una herramienta indispensable para abordar la violencia y su distribución. Esta forma de trabajo consiste en recoger, procesar y analizar los datos, para luego dividir las zonas de las que se registró la información en sectores más pequeños y determinados según los puntos donde se concentre el crimen. Los puntos calientes permiten a las autoridades utilizar datos históricos para decidir cómo, cuándo y dónde centrar sus esfuerzos e implementar acciones.

De esta manera, se podrá segmentar y crear un plan de patrullaje adaptado a atender las necesidades de las comunidades de forma específica. Según los resultados que arrojen los datos se plantean objetivos, zonas de acción y horarios en los que se llevará a cabo el plan. El recorrido de los policías debe ser aleatorio y no estar más de 15 minutos en el punto.

El informe “Policía y micro-geografía del crimen” del BID recomienda que el énfasis de la vigilancia policial debería centrarse en unidades geográficas de análisis muy reducidas, tales como segmentos de calles o pequeños grupos de manzanas, desde avenidas hasta direcciones individuales o esquinas. Ya que los grupos delictivos en un determinado lugar no cumplen el mismo patrón en comunidades más grandes.

Sin embargo los hotspots pueden moverse. Según las características de las zonas, los delitos van a ser frecuentes en áreas específicas, pero los “puntos calientes” pueden aparecer o desaparecer. Esto sugiere una posible adaptación de las personas que incurren en delitos ante las acciones policiales, haciendo que el crimen se desplace a otras áreas sin que represente una preocupación. No todos los puntos son igual de atractivos para delinquir y en este tipo de estrategias se monitorea el cubrimiento de todas las áreas críticas y la actualización constante de los datos, lo que se traduce directamente en menos delitos.

Estas estrategias se enfocan generalmente en la reducción de los casos de homicidio. Sin embargo, afectan de forma positiva en la reducción de otros delitos relacionados con la violencia. El informe RED 2014: Por una América Latina Más Segura explica también que, en Colombia por ejemplo, los mismos patrones de concentración de homicidio se observan para delitos de hurtos, lesiones personales y tráfico de drogas aunque un poco menos acentuados.

En Latinoamérica, y en Venezuela, ya hay experiencias…

En 2011 la Alcaldía Metropolitana (que abarca los cinco municipios de la capital, pero que a su vez tienen cuerpos policiales independientes) creó el Sistema Integrado de Estadísticas Delictivas con el objetivo de compilar y consolidar los datos y difundir la información entre cada cuerpo policial. El proyecto se basaba en hacer un diagnóstico de los organismos, incluyendo la capacitación en el uso de datos, y la emisión de informes sobre el delito.Por otra parte, según Patiño y Hohmann (2015), a través de la Dirección de Seguridad del municipio Sucre, específicamente en la comunidad de José Félix Ribas, La georreferenciación de los delitos fue llevada a cabo con éxito; por lo qyue, a través de esta política, se consiguió reducir en más de 30% los delitos en los tres años que la medida fue implementada.

En el caso de Colombia, iniciaron esta estrategia con la delimitación de las zonas por cuadrantes para luego georeferenciar los puntos críticos. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) fue creado en 2010 en las ocho ciudades más grandes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, con el cual se logró reducir 22% la tasa de homicidios en el país.

Con el PNVCC se buscó optimizar los recursos humanos y logísticos, implementar tecnología de avanzada y delimitar responsabilidades; además, se elaboraron planes y proyectos en todos los niveles que estaban orientados a la prevención del delito y al empoderamiento del funcionario policial. Para el cumplimiento de las metas se evaluaron tres aspectos fundamentales: la gestión policial, la reducción de estadísticas delictivas y la percepción ciudadana.

En Brasil, según explica un informe de 2016 del Instituto Igarapé, la efectividad de sus ciudades a la hora de reducir la violencia se debe a una serie de factores de carácter policial, estratégico y operativo. Los esfuerzos en recuperar los espacios públicos a través de actores no estatales, el restablecimiento de la presencia del Estado y la participación de la comunidad para priorizar, implementar y controlar los programas, contribuyó en el trabajo de prevención. En cuanto a los recursos tecnológicos, la innovación principal fue la creación de un sistema integrado de datos diseñados para identificar las “zonas calientes”.

Uno de los planes más conocidos en Brasil fue “Fica Vivo” en la ciudad de Belo Horizonte impulsado por los altos índices de homicidios en el país. Entre 2002 y 2006 se logró reducir 69% de las muertes violentas. El proyecto diseñó programas de policía comunitaria y del ámbito social, basado en la efectiva experiencia de Río de Janeiro, con el objetivo de transformar la relación entre las comunidades afectadas y las entidades públicas a través de la educación, capacitación y apoyo por parte de las empresas locales.

Un paso adelante

Los países que han logrado reducir el número de muertes violentas a través de del uso de datos e identificación de los “puntos calientes”, se han enfocado en los siguientes aspectos: acompañamiento de los planes de acción policial, compromiso de los funcionarios e instituciones, trabajo de inteligencia y desarrollo de la lógica civil para la prevención. Esto debe estar acompañado además de datos confiables y su constante monitoreo y análisis.

En Venezuela la responsabilidad de recabar la información sobre los delitos es del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Sin embargo, en un contexto político complejo y ante los altos índices de violencia, el acceso a los datos en el país está cerrado para los ciudadanos y para los entes policiales. Según lo señalado por el Instituto Igarapé, las estadísticas delictivas no se comparten a las policías estadales y regionales. 

Ante esta realidad, además de la censura a los medios de comunicación, Caracas Mi Convive y Monitor de Víctimas trabajan para recopilar los datos de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas. La información es verificada con las fuentes policiales y los familiares de las víctimas, de forma que se puedan caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas para reducir la violencia.

Por su parte, el CICPC sólo mantiene una clasificación reduccionista que no permite profundizar en las características de las muertes violentas y ahondar en el contexto, ya que se limita a clasificarlas dos formas: homicidios y resistencia a la autoridad. Es por ello que los datos recabados por Monitor de Víctimas se traducen en un paso adelante para la georreferenciación y caracterización de los delitos al momento de implementar una estrategia de “puntos calientes”.

Además, Caracas Mi Convive, también realiza un trabajo adelantado con la participación de la comunidad. A través de Talleres de Prevención de la Violencia los vecinos identifican los puntos críticos para buscar las formas de recuperar los espacios. Estos líderes comunitarios, quienes ya tienen experiencia, también podrían ser parte importante en ubicar las zonas de mayor conflicto, sirviendo como “patrulleros”, yendo al sitio donde se reportó el crimen y con una herramienta tecnológica geolocalizar el homicidio.

Son muchos los países con altos índices de delictivos que aún no se apoyan en los datos para crear políticas que disminuyan la violencia. En Venezuela, además de un cambio en el ámbito político, económico y social, se requiere del compromiso del Estado para trabajar en la prevención y disminución del delito; una reestructuración para los organismos de las fuerzas públicas y una estrategia de incentivos a los funcionarios adaptadas a la realidad del país, acompañado a su vez por estadísticas y el uso pertinente de datos que sostengan la actuación policial y su desempeño.

Finalmente, es necesario que el Estado garantice la transparencia y el acceso a los datos públicos, por parte del CICPC, las policías estadales y los ministerios. No solo en cuanto a la violencia sino también en todos los ámbitos, de modo que puedan crearse políticas segmentadas, basados en evidencia, a las necesidades de la población. Debe haber además un compromiso, esfuerzo y asignación adecuada de recursos para una completa y verídica recolección de información, ya que los países de América Latina y el mundo han demostrado que su correcta recopilación, análisis e implementación, afectan directamente en la prevención y disminución del delito.