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Reingeniería policial: la depuración necesaria

Fabiana Crisci (Runrun.es)/Manuel Parejo (Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive)

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida. Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015). Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI,2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante. Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

¿Cómo hacer esta depuración policial en un contexto tan complejo como el venezolano?

En el ámbito del organismo de cooperación ciudadana, es indispensable la creación de un consejo de contraloría interdisciplinario y externo que facilite la denuncia y revisión de los casos que ameriten la expulsión de un funcionario. Precisamente, en la depuración policial a desarrollar, el primer paso debe ser una auditoría externa para investigar los antecedentes de los funcionarios activos, además de indagar sobre cómo se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios, denuncias de abusos y evaluación policial. Al revisar estas dinámicas, aquellos policías con antecedentes penales o denuncias abiertas sobre violaciones de derechos humanos, deberían ser desplazados lo más pronto posible de la organización.
Este procedimiento de seguimiento y revisión externa, requiere ser oportunamente presentado ante los departamentos institucionales encargados de recibir y ejecutar las sanciones disciplinarias que deriven según la magnitud de la violación de la ley cometida. Esto último, con la finalidad de abordar los casos de delitos policiales de mayor gravedad con prontitud y precisión.

Ahora bien, uno de los problemas más inmediatos que derivan de esta primera fase de limpieza policial en los organismos de seguridad del país, lo constituye el descenso en el número de funcionarios policiales. Este factor de contracción, luego de la verificación de los expedientes legales de cada funcionario, se daría en instituciones policiales que ya han sufrido una deserción de miembros operativos. Según la organización Transparencia Venezuela (2017), ha existido un decrecimiento en el tamaño de los organismos policiales de 11% del total de los funcionarios activos del país.

Como respuesta para contrarrestar este efecto negativo, una alternativa viable sería incluir civiles y funcionarios retirados para asumir labores administrativas y así redistribuir los agentes formados para la intervención policial según los requerimientos poblaciones y estratégicos. Por ejemplo, en Israel una de las soluciones que encontraron fue incorporar trabajadores civiles para suplir las labores administrativas de forma que no afectara el trabajo del personal en ejercicio. Por otro lado, es imprescindible sacar a los privados de libertad de los calabozos policiales, ya que en la actualidad existen una gran cantidad de funcionarios que se dedican al cuidado de privados de libertad, los cuales no están preparados para asumir ese rol.

Considerando lo dicho, y para contextualizar aún más el impacto que tendría una eventual depuración en los organismos policiales en Venezuela, una estimación propia de la Unidad de Conocimiento es que pudiera experimentarse una disminución aproximada del 52% de los funcionarios en comparación con las cifras del 2012, siendo las últimas disponibles en relación al número de funcionarios activos en el país. Esta reducción dejaría a Venezuela con aproximadamente 44.620 funcionarios, lo que significa una tasa de 152.06 por cada cien mil habitantes. La Organización de las Naciones Unidas recomienda una tasa de al menos 300 policías por cada cien mil habitantes.
Asimismo, las sanciones y procedimiento de despido de los funcionarios policiales deben diseñarse bajo el principio de proporcionalidad, como se ha mencionado anteriormente. Para ello es necesario implementar una política de tolerancia cero en los casos donde haya ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, ya que ambos casos son violaciones graves a los DDHH y constituyen las formas más recurrentes en las que los organismos de seguridad del Estado venezolano quiebran la ley en la actualidad.

¿Qué ocurre después de una depuración policial en Venezuela?

Es evidente que los nexos criminales que poseen algunos funcionarios policiales no es el único problema que enfrenta el Estado y la sociedad venezolana para disminuir los altos índices de violencia en el país. Aun cuando, creemos que la depuración policial es el punto de partida para desplegar un programa de pacificación y garantías de seguridad en Venezuela, una vez que se logre este primer paso, existen otros procesos y reformas que serán pertinente abordar.

En primer lugar, diseñar un esquema salarial atractivo y digno, para así atraer a potenciales funcionarios y retener el capital humano valioso que existe. Segundo, la exigencia de profesionalizar el perfil de los policías, es decir que al menos hayan terminado la educación secundaria y su ingreso a un programa de formación continua adecuado a los estándares policiales y al contexto en el cual desenvuelven sus funciones. Y tercero, el reconocimiento público a las buenas prácticas policiales, de manera tal que el policía se sienta respaldado al momento de haber destacado en su trabajo no solo por las autoridades máximas sino también por la ciudadanía.
En resumen, estos tres lineamientos que acompañarán a un proceso de depuración policial, se enmarcan dentro de un aspecto fundamental en la reingeniería de la seguridad ciudadana en Venezuela: la dignificación de las labores policiales y la confianza que el ciudadano debe tener sobre sus funcionarios. Las propuestas que en este artículo se definieron brevemente, apuntan a ese objetivo ineludible.

1 Según María Victoria Llorente, de 1995 al 2001 se despidieron cerca de 8500 uniformados de distintos rangos, lo que equivalía aproximadamente a 12% de los miembros de la corporación”(Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009)
2 Investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, MA. en Internacional Security Studies de la Universidad de Reading, Inglaterra.
3 Estos cálculos utilizados son extraídos del apartado de reorganización, depuración y contraloría policial del documento de Políticas Públicas para la reducción de homicidios que está elaborando la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive.