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¿Cómo reivindicar la figura policial en Venezuela?

 La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas. Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela. 

AUTORES: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Crear cercanía con la sociedad y cambiar la percepción preestablecida sobre los organismos de seguridad requiere estrategias que apliquen la lógica civil y el respeto por los Derechos Humanos. Una de ellas es la policía comunitaria, la cual trabaja para prevenir los delitos mediante la aproximación con la comunidad, el trabajo de inteligencia y las denuncias.

A diferencia de las prácticas que implican el uso de la fuerza, este tipo de cuerpo puede enfrentar las raíces de la criminalidad mediante la participación ciudadana, políticas sociales preventivas y rendición de cuentas; su personal es entrenado de manera distinta e instruido en aspectos como el trabajo comunitario y los derechos civiles.

Un avance en materia de este tipo de organización de la comunidad y que puede servir de base para un trabajo sostenible de policía comunitaria es el que ha venido construyendo desde 2013 la organización Caracas Mi Convive. Uno de sus principales proyectos consiste, precisamente, en realizar actividades para lograr la la prevención de la violencia y fomentar la convivencia en diferentes zonas populares de la capital venezolana. Mi Convive se ha preocupado por empoderar a las comunidades, para que conozcan sus problemas y sirvan de coordinadoras y gestoras de sus soluciones. Esto significa un paso adelante al momento de reestablecer la confianza con los funcionarios y pensar en la creación de la policía comunitaria como estrategia para solventar la violencia.

Reemplazar la lógica militar

Por medio del trabajo en conjunto entre la policía y las comunidades es posible reducir la violencia y consolidar una imagen positiva de las fuerzas de seguridad que derive en legitimidad ante los ciudadanos; aun cuando en América Latina la relación entre los funcionarios de seguridad y la ciudadanía sigue marcada por la desconfianza, la violencia y el miedo.

El rechazo de la población hacia las fuerzas públicas está fundamentado en los abusos, pero también en la indiferencia, complicidad y colaboración de algunos organismos policiales ante los delitos. Entre 2010 y 2014, el proyecto global de investigación social World Values Survey (WVS) analizó este aspecto en 60 países, cuyos resultados mostraron que cuatro de las cinco naciones con menor confianza en la policía están en Latinoamérica.

En Venezuela se ha implantado la lógica militar dentro de las instituciones policiales y la politización de su funcionamiento. Los funcionarios saturan a los ciudadanos con redadas y arrestos arbitrarios generando más violencia, sobre todo en las parroquias populares como Petare, Sucre y El Valle. Según el Foro Penal venezolano, en su informe Represión del Estado en Venezuela: “Desde el 1º de abril de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 hubo 5341 personas arrestadas arbitrariamente con fines políticos”.

Además, según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 5 de cada 10 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas se debe a un hecho de violencia policial. En cuanto a las ejecuciones, 52% de los casos ocurrieron dentro de la vivienda de las víctimas.

Los planes de seguridad ciudadana en Venezuela se han restringido a las respuestas violentas luego de que se cometen los crímenes, ejemplo de ello son los procedimientos desarrollados en las Operaciones de Liberación de la Patria (OLP) conocidos por los abusos sistemáticos y violaciones de Derechos Humanos por parte de los funcionarios involucrados.

Una policía más cercana

La policía comunitaria se enfoca en solucionar los problemas que aquejan a los vecinos. Al estar constantemente presentes en las zonas, conocen a la población, se mantienen en continua comunicación con estay analizan las condiciones locales; además, previenen y controlan los delitos al actuar como agentes de inteligencia en el seguimiento de bandas criminales.

Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas en el Brooklyn College, explica que este tipo de iniciativas involucra a la sociedad al frente de la lucha contra la inseguridad y el delito, por ejemplo, mediante jornadas de vigilancia barrial, consejos policía-ciudadanía, programas dirigidos a sectores vulnerables, encuentros entre miembros de la comunidad, conformación de guardias vecinales, patrullaje de a pie y otros.

Esta modalidad surgió en la década de los años sesenta como una de las formas menos conservadoras para la prevención de la violencia. En Estados Unidos se popularizó hacia la década de los años noventa y más tarde replicadas en países de América Latina, por ejemplo, en Colombia.

En el Reporte de Economía de Desarrollo (2014) de la CAF se explica cómo la policía comunitaria colombiana logró reducir la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad.

En 2010, dentro del Plan Nacional de Prevención del Delito, se llevó a cabo el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) en las ocho principales ciudades de Colombia. El territorio de cada ciudad se dividió en cuadrantes, que consistían en áreas geográficas reducidas y bien delimitadas. A cada zona se le asignó un número fijo de policías quienes eran responsable por la evolución del crimen en sus respectivas zonas.

Los policías debían detectar los principales problemas de inseguridad y definir una estrategia para confrontarlos trabajando junto con la comunidad. El informe señala que la mayor motivación de los funcionarios se debió a la afinidad generada ante la realidad de cada población.

Cambiar la estructura institucional

El profesor Mark Ungar explica también que la policía comunitaria implica cambios en los horarios de trabajo, en las formas de rendición de cuentas y en la manera en que participa la comunidad. Los oficiales en general tienen un rol clave para el éxito de este tipo de iniciativas, sin embargo, estos funcionarios muchas veces representan una amenaza a la autoridad de la estructura policial común. Es por ello que debe fomentarse la cooperación y el apoyo de cada rango.

Para avanzar en Venezuela hacia el desarrollo de un proyecto enfocado en una policía comunitaria, se requiere en primer lugar de un cambio estructural que permita fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales por parte de la sociedad. Es necesario depurar los organismos de seguridad pública y reformar su modelo, desarrollar la lógica civil y priorizar la seguridad ciudadana.

Además, debe definirse un programa que atienda las necesidades de los funcionarios incluyendo mejoras salariales y bonos, que sirvan de motivación para ambos grupos y eviten que quienes trabajen directamente con la comunidad puedan ser “una amenaza” para los otros rangos. A partir de allí, reivindicar la figura policial y su conexión con las comunidades será un trabajo más sencillo que permitirá sin duda abordar el tema de la violencia y la criminalidad de manera íntegra y colaborativa.