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La importancia de los incentivos para la seguridad ciudadana: caso Pernambuco, Brasil

La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas.  Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela.

Autores: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Los bajos salarios y las desigualdades en los ingresos señalan como poco atractiva la carrera policial y conducen a la falta de compromiso y satisfacción laboral, lo que puede asociarse con bajo nivel de desempeño y prácticas deshonestas, explica Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. En el año 2006, el salario de los policías venezolanos apenas superaba el sueldo mínimo en los rangos más bajos: entre US$200 y US$250; mientras que en 2011 un policía en Uruguay ganaba US$400 y en México US$800.

Los datos recopilados por la plataforma Monitor de Víctimas identifican a la policía como el segundo victimario de los homicidios que suceden en Caracas: 46% de los casos se deben a ejecuciones y resistencia a la autoridad. Cuando escuchamos el testimonio de familiares de víctimas de la violencia del Estado pareciera que los funcionarios perciben que el costo de cometer un crimen es cercano a cero. Venezuela, después de México y Perú, es el tercer país con el índice más alto de impunidad en América Latina, y a escala mundial ocupa el sexto lugar. Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia los cuerpos policiales. Según Encovi (2018) 65% de la población desconfía del trabajo de la fuerza pública. Por otro lado, las políticas de seguridad ciudadana se han simplificado en operativos de “mano dura” y el Estado se ha olvidado de ofrecer beneficios económicos y sociales a los funcionarios. Esto los lleva a alejarse cada vez más de su labor de prevenir y combatir el delito para, precisamente, incurrir en estos. El gobierno venezolano también ha hecho a un lado las políticas básicas para lograr la reducción de homicidios: intervención de espacios públicos, inclusión de la ciudadanía, inversión en programas sociales para la prevención de la violencia, y otros.

Políticas para revertir la realidad
En abril de 2018, el medio digital Efecto Cocuyo señaló mediante una investigación que el sueldo de un comisionado de la Policía del municipio Sucre (estado Miranda), con 20 años de carrera policial, un posgrado y una maestría, no superaba los 2 500 000 bolívares (esto es, aproximadamente US$4, que equivalía al precio de medio pollo y un cartón de huevos para la fecha). Es por ello que en muchos casos los funcionarios recurren a prácticas ilegales conocidas como “matraqueo” o prefieren hacer labores como escolta y seguridad privada, dado que no existen los incentivos salariales para permanecer en los cuerpos de seguridad del Estado.
En este contexto se debe incluir la destrucción institucional de la Fiscalía y el sistema judicial, todo esto sumado al debilitamiento de la sociedad civil y su capacidad para hacer contraloría a las acciones de la fuerza pública.
Ante esta realidad, ¿es posible crear políticas públicas viables para revertir el deterioro institucional de la Policía? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, que concentra 1% de los homicidios a escala mundial. Entre 2007 y 2013 se llevó a cabo el proyecto Pacto por la Vida, con el cual lograron reducir el número de muertes violentas en 40%, de 4592 a 3101.
El programa Pacto por la vida fue creado bajo el mandato del exgobernador brasileño Eduardo Campos, con asesoría del doctor en Sociología José Luiz Ratton. El proyecto se enfocó en la reducción de los homicidios por medio de incentivos económicos a los funcionarios con el objetivo de transformar su actuación. El componente más importante era trabajar en la investigación de los casos, para así aumentar el costo de cometer un crimen.
Luego de diagnosticar el problema, los especialistas hicieron foros en los que se incluyó a la ciudadanía y a distintos movimientos afectados por la violencia. Sus solicitudes se convirtieron en metas; esta fue una característica clave en el modelo.
Sobre esta experiencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que las reuniones periódicas con las autoridades y el seguimiento de los objetivos fueron vitales para el proyecto. Por ejemplo, cuando los datos registraban retrasos en las metas, los funcionarios debían dar explicaciones sobre los inconvenientes que lo habían causado. Por cada objetivo principal se evaluaban metas financieras y se establecían sistemas de pago por desempeño, de forma que los salarios de los cuerpos policiales aumentaron significativamente. El BID señala que el gasto en personal creció en un 29% en términos reales entre 2008 y 2013.

Prevenir los homicidios

Uno de los éxitos de Pacto por la Vida fue la reducción de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues al crearse las bonificaciones los funcionarios se enfocaron en investigar los casos y dejaron de cometer asesinatos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las características de la violencia en Brasil y el no haber trabajado en la prevención de los homicidios afectó la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Por ejemplo, los funcionarios alteraban los datos moviendo de lugar los cadáveres para que la muerte perteneciera a otra área, y así cumplir con los objetivos de reducción planteados en la planificación.

Otra de las fallas fue la creación de un nuevo bono por la incautación de drogas en 2012. Esto generó un cambio en las motivaciones de los agentes, ya que incautar droga y localizar a los vendedores resultaba una actividad más fácil y rentable que investigar los homicidios. El nuevo incentivo desvió los esfuerzos de los funcionarios por reducir los homicidios dando como resultado el aumento de la violencia.

Las características de la violencia en Brasil actualmente siguen siendo similares a Venezuela. En ambos países las armas de fuego son incautadas pero no destruidas. Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó para Monitor de Víctimas que las armas decomisadas en Venezuela entran en custodia pero luego regresan a manos de los grupos violentos, reinician su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. Luiz Ratton, durante una visita a Venezuela, contó que en Brasil algunas veces un arma se denuncia como robada cuando en realidad fue vendida y que, incluso, en ocasiones son alquiladas.
Hoy Brasil figura entre los primeros lugares de violencia en el mundo con 12% de homicidios. Pernambuco aumentó su número de muertes a 5030 una vez se abandonó el programa Pacto por la Vida. Los expertos aseguran que en este tipo de proyectos deben incluir políticas públicas de prevención de homicidios según las diferentes áreas: violencia de género, grupos LGBT, tráfico de drogas, entre otros.
Desde Caracas Mi Convive consideramos que el ejemplo de Pernambuco es aplicable para Venezuela, tomando en cuenta algunas similitudes que puedan tener y las correcciones y adaptaciones que ameriten. La deplorable situación y las condiciones en las que trabajan los funcionarios policiales obligan a definir un programa extenso de atención inmediata para este gremio, que incluya mejores salarios, dotación de recursos y equipos, y fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales.
Es importante resaltar que para poder ejecutarlo con éxito se debe contar con una economía estable y crear una relación de confianza entre los funcionarios y los ciudadanos. La reducción de homicidios en el país depende de una reforma en las fuerzas de seguridad pública del Estado y que sea abordado como un tema prioritario para el Ejecutivo. Se debe contar con un compromiso de continuidad política entre las gestiones gubernamentales para su sostenibilidad y efectividad en el tiempo, así como la voluntad para hacerlo de manera sensata y despolitizada. La ciudadanía será fundamental para consolidar una solución consensuada e inclusiva, y al contar con un sistema policial sólido y legitimado se podrá enfrentar la violencia que vive Venezuela.

Políticas de mano dura:carta blanca para el abuso policial

Foto Gabriel Osorio
La Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive ha desarrollado este proyecto para contribuir con la comprensión del problema de la violencia en Caracas.  Con esta serie de Artículos Especiales, abordamos diferentes temas y experiencias nacionales e internacionales, análisis y testimonios que buscan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la correspondiente formulación de políticas públicas en Venezuela.

Autores: Fabiana Crisci y Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

Latinoamérica concentra una parte muy pequeña de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000l personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, 14 de los 20 países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe. Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

Los rastros de la OLP

Crecer con miedo

“Tócame el corazón”, comentó Juan, luego de que un grupo de 10 policías uniformados y con armas largas, medianas y cortas, pasara en absoluto silencio y con el dedo en el gatillo frente a la pieza donde su madre cocina para los niños de Alimenta La Solidaridad. “Me asusté”, dijo poco después, enseñando sus manos temblorosas.

Juan tiene 10 años, vive en la Cota 905 y sabe diferenciar a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de aquellos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuerpos policiales que responden a la Organización por la Liberación del Pueblo (OLP). Juan sabe que “los de negro” -como les llaman a los funcionarios del Sebin- entran a las comunidades con los rostros cubiertos y objetivos extrajudiciales, sabe incluso en qué paredes se encuentran las marcas de las balas que le quitaron la vida a los vecinos de su sector.

Así como Juan, los niños de muchas comunidades populares son víctimas de la violencia estatal, producto de las políticas de mano dura implementadas por el Estado. Su realidad está empañada de actos violentos como enfrentamientos armados, balas perdidas, allanamientos, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Se vuelven víctimas al no poderse sentir seguros en su propio hogar y al saber que sus padres no pueden garantizarle esa protección, son víctimas por reconocer el sonido de un arma de fuego al activarse y saber cómo, cuándo y dónde cayeron los jóvenes en manos de la policía u otras personas que creyeron resolver un conflicto con un arma.

Vivir en una comunidad afectada por la violencia armada tiene consecuencias tanto para los niños victimizados de manera directa como para aquellos que son testigos o se sienten amenazados en dicho ambiente (Naciones Unidas, 2016). Son niños que están creciendo en un clima de inseguridad, miedo y violaciones a los derechos humanos que pone en riesgo su bienestar y desarrollo cognitivo, emocional y conductual.

La confianza en sí mismo y en otros es la base para el desarrollo de los pequeños y depende, en gran medida, de la capacidad que tiene la familia para responder a sus necesidades y proveer un nivel de cuidado constante. Para un grupo familiar que hace vida en una comunidad afectada por la violencia los niveles de cuidado y protección se ven comprometidos, afectando el desarrollo (Erikson, citado en Craig, 1992).

Secuelas de la violencia

Los niños como Juan consumen su energía en aprender normas implícitas de seguridad, en su propia defensa o en los miedos o terrores producidos por la violencia, perjudicando de esta manera el desarrollo de sus habilidades sociales y académicas (Halpern, 1990). Las secuelas de la violencia pueden presentarse en distintas esferas de su desarrollo: pueden tener dificultades en su trato con otras personas, aislarse, manifestar rebeldía y hostilidad, padecer de memoria distorsionada y capacidades cognitivas comprometidas, pueden incluso tener dificultades para imaginarse a sí mismos desempeñando un papel importante, lo que limita su vida futura (Torres-Fermán et al., 2012).

Como una enfermedad contagiosa, la violencia se transmite entre individuos y a través del tiempo. Los niños expuestos a la violencia suelen incorporar la ira como forma de responder o actuar ante el ambiente, lo que incrementa el riesgo de perpetuar y reproducir en su vida adulta comportamientos violentos. Crecen, además, con la creencia de que portar y utilizar un arma es normal y que además les otorga el reconocimiento y respeto de los otros. Crecen con una percepción distinta e ínfima del valor de la vida.

Las políticas de mano dura como estrategia o recurso solo generan más dolor y violencia. Su ejecución restringe aún más las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las comunidades populares y las personas que allí hacen vida. En este sentido,  la construcción de relaciones interpersonales positivas, el apoyo emocional y la convivencia cobran una mayor relevancia en lo que es el afrontamiento y la compensación de estas adversidades.

Desde Caracas Mi Convive trabajamos día a día para que situaciones como la que tuvo que presenciar Juan no se repitan más, para que todas las personas y principalmente los niños, que son el futuro de nuestra nación, no se conviertan en víctimas de la violencia armada por parte de cuerpos policiales del Estado. Es por ello que junto a siete países más de Latinoamérica formamos parte de la campaña regional llamada Instinto de Vida, para exigir la reducción de homicidios y que la violencia se aleje definitivamente de la vida de tantos niños.