Cuando fuentes como Insight Crime afirman que Venezuela tiene una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, se da por sentado que cada región del territorio es digna del pánico, balaseras, abusos sexuales, riñas, robos y homicidios. Sin embargo, a efectos de encontrar una solución a esta epidemia de violencia, es necesario ilustrar la distribución de esos homicidios por estado, municipio, parroquia, urbanización y calle.
Las teorías de concentración de violencia y dinámica de puntos calientes afirman que los homicidios se localizan, es decir, suceden una y otra vez en determinado espacio geográfico. Esta frecuencia del hecho violento permite identificar patrones que convierten a unos sectores específicos más violentos que otros.
Por ejemplo, a pesar de la alta tasa de homicidios del país, para el año 2017, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), cinco de los 24 estados que conforman el territorio nacional (Miranda, Distrito Capital, Aragua, Amazonas y Bolívar) concentran los mayores niveles de homicidios: con cifras superiores a los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, si los gobiernos nacional y regionales tuvieran la capacidad de decidir por dónde empezar, al menos estas cinco entidades marcarían la prioridad de atención para disminuir la pérdida de vidas humanas.
Ahora que se ha ilustrado cómo la localización de la violencia se ha desagregado desde un nivel nacional a uno regional, podemos inclusive escarbar con más profundidad e identificar en cuáles municipios y sectores de esos cinco estados los homicidios han ocurrido con mayor fuerza.
Si consideramos una de esas entidades, específicamente el Municipio Libertador del Distrito Capital, encontraremos que, al igual que con la situación estatal, existen parroquias que poseen mayores tasas de homicidios, como es el caso de Coche, Santa Rosalía, San Juan y Antímano, según información del Monitor de Víctimas.
Y, si buscáramos ser más específicos con respecto a este asunto en estas cuatro parroquias del Municipio Libertador, podríamos no solo descubrir en cuáles sectores se ubican la mayoría de las muertes violentas, sino también desglosar cuáles son las principales causas y características de las mismas: el tipo de victimario, tipo de espacio donde ocurren, si es por robos, por narcotráfico o enfrentamientos con la autoridad.
A pesar de que el manejo de esta información sea de domino público, no han existido hasta el momento políticas locales, regionales o nacionales que hayan sido efectivas al momento de reducir los homicidios. La guerra a la violencia a través de tratamientos militares y rígidos a la seguridad ciudadana solo han dejado tasas de homicidios cada vez más altas; familiares desamparados de un sistema de justicia digno, una población de jóvenes en situación de riesgo cada vez más vulnerable a convertirse en víctima o victimarios, y espacios públicos apoderados por el crimen y la oscuridad. Pese a esta situación, no pueden generalizarse los esfuerzos que realizan muchos para contener, de una forma u otra, la violencia en nuestra ciudad.
Sin embargo, en Caracas existen organizaciones de mucho poder local que están transformando la nueva forma de abordar el problema de los homicidios. Para esta ocasión, mencionaremos solo dos de ellas que pudimos identificar a través de los Talleres de Prevención de Violencia, que demuestran que sí es posible una ciudad de convivencia.
Así como Fundación Especialmente Amigos y Trazando Espacios, existen una infinidad de organizaciones que desde el arte, la música, la danza, el deporte y la educación, están contribuyendo en cada comunidad que visitamos de las 23 parroquias del Municipio Libertador.
Finalmente, ahora que podemos imaginar el mapa de concentración de homicidios, el cual sabemos que tiene diferentes niveles territoriales y que existen experiencias de parte de la sociedad civil haciendo sus mayores esfuerzos para detener y disminuir la violencia, los únicos dos compromisos que faltan para incidir en la toma de decisiones cuando de políticas de reducción de homicidios se trata, es el del ciudadano común, involucrándose en este tipo de iniciativas y el de las autoridades institucionales, prestando más atención y recursos a fortalecerlas y replicarlas en otras localidades.
Así como nosotros, existen otros seis países de América Latina (Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México y El Salvador) que forman parte de la campaña Instinto de Vida, interesados en visibilizar, intercambiar y replicar más casos exitosos que reduzcan a la vuelta de 10 años, 50% de los homicidios de la región.
Te invitamos a ver la ponencia de Juan Carlos Garzón «10 acciones que salvan vidas: El poder de lo local».
En una ciudad que se ha posicionado como la más violenta del mundo y en la que ocurren alrededor de 10 homicidios al día (Seguridad, Justicia y Paz, 2016), se han naturalizado las expresiones de violencia. El valor de la vida y de las personas detrás de cada homicidio son opacadas por las altas cifras de muertes violentas.
Red de Atención a la Víctima es un proyecto que nace al entrar en contacto con numerosas familias y comunidades que han visto como sus dinámicas han sido alteradas por la violencia letal. Una población que además se encuentra desatendida y silenciada por la impunidad y la falta de políticas de investigación e intervención que permitan mitigar, proteger y atender sus necesidades.
De esta manera se busca prestar atención psicosocial a los familiares de las víctimas y realizar un acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a la pérdida violenta del ser querido. Se busca promover el bienestar, el apoyo emocional y social a los familiares y desarrollar capacidades que permitan elaborar el duelo sin recurrir al ajuste de cuentas. Todo esto con el apoyo de líderes comunitarios sensibilizados en el tema y la atención de aliados especialistas en el área legal y psicológica.
La Red de Atención a la Víctima ha apoyado a 330 víctimas de la violencia para generar mecanismos de desnormalización, reconocimiento y articulación. Hemos acompañado a 40 familiares de víctimas de homicidio en su proceso. A través de visitas, llamadas e invitaciones a actividades comunitarias se pretende estimular la participación ciudadana e identificar y canalizar, en lo posible, las necesidades de cada caso: asesoría legal, atención psicológica, denuncias, contacto con otros familiares de víctimas. Alrededor de 30 líderes comunitarios han sido formados en primeros auxilios psicológicos para lograr estos objetivos. 80 personas han participado en grupos de apoyo y otras 180 personas han formado parte de actividades de reparación colectiva; en las que se construye el recuerdo de la víctima o el significado de algún hecho violento y se sensibiliza a la comunidad sobre la pérdida violenta de un ser humano.
El acompañamiento inicia con una visita: un acercamiento personal en el hogar de la familia. Donde se invita a contar la historia de la víctima, a ir más allá de la cifra, conocer su nombre, su historia: ¿quién era, qué hacía, qué rol desempeñaba dentro de la familia, cuáles eran sus sueños, cómo ocurrieron los hechos y de qué manera están enfrentando la pérdida y el vacío que dejó?
Esta narración naturalmente moviliza múltiples emociones: tristeza, dolor, ira, rabia. Pero en ella también se inician procesos que le permiten a la persona reparar y elaborar la pérdida. Al construir y comunicar la historia, el doliente reordena los hechos, descubriendo muchas veces nuevos significados dentro de la misma experiencia. Por su lado, al ser escuchada su historia, se está reconociendo su pérdida y sufrimiento, recuperando a su vez la dignidad de la víctima.
Elizabeth Tarrío es una mujer de 58 años de edad. Su único hijo, Víctor, fue asesinado en el año 2012 por un efectivo de la Guardia Nacional en lo que se denomina un crimen pasional. Actualmente Eli (como la llamamos) dirige y supervisa la logística y el funcionamiento de los 10 comedores del programa Alimenta La Solidaridad, en el que se benefician 940 niños en situación de hambre de distintas comunidades. En el último año Eli ha contado su historia en numerosas ocasiones: a compañeros de trabajo, en pequeñas reuniones, en presentaciones y ponencias, entrevistas e incluso para las producciones audiovisuales del proyecto Cuéntame Convive (visita Cuéntame Convive Elizabeth Tarrío). Unos días atrás, en un encuentro con todo el equipo de Caracas Mi Convive, reproducimos unos cuantos videos, entre ellos el de Eli. Al terminar, se volteó y le comentó a las personas sentadas a su lado: «Es increíble como cada vez que cuento mi historia o veo el video, siento dolor, pero también calma, calma y orgullo de lo que hago. Me motiva a seguir».
La experiencia nos ha demostrado que la atención psicológica individual no suele encontrarse entre las necesidades principales de los familiares de las víctimas. Más allá de la complejidad y particularidad de los procesos que se acompañan, las características de la población con la que trabajamos merman el interés o valor que puede tener este tipo de apoyo: inmersos en un contexto de exclusión social, con dificultades para satisfacer las necesidades básicas, una alta exposición a violencia y sometidos mecanismos de control del Estado, la demanda de este tipo de atención escasea.
Sin embargo, el valor que atribuyen a los grupos de apoyo y espacios de encuentro e intercambio es mayor.
Cuando revisamos los casos con los que hemos tenido contacto, encontramos que 35% de estos homicidios han sido cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Esto naturalmente genera mayor ira, desesperanza y aislamiento en muchos de los familiares. Sin embargo, una atención individualizada no es suficiente. Se deben tomar en cuenta los aspectos sociales y políticos vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos.
Resulta necesario entonces encontrar un equilibrio entre el apoyo psicológico y actividades que ayuden a retomar el control sobre sus vidas. Es por esto que, para el 2018, queremos promover la construcción de relaciones entre los familiares de las víctimas que deriven en espacios de encuentro en los que se procese colectivamente la experiencia y el dolor de manera creativa. Nos planteamos estimular el intercambio de ideas, necesidades y expectativas que impulsen la creación de un músculo de denuncia y documentación de estas violaciones a los DDHH, medidas que resultan reparadoras para este tipo de experiencias (Beristain, 2012).
Aseguramos que es urgente atender estos casos rápidamente, pues las secuelas de la violencia y los traumas generados por ella limitan la capacidad de actuar de las comunidades, desarticulando el tejido social y reduciendo sus oportunidades de desarrollo. Ante este reto, nos hemos planteado la expansión de nuestra red para el 2018: sumando más voluntarios y organizaciones que nos ayuden a establecer un proceso claro de acompañamiento psicosocial, y así poder traducir estas experiencias en relatos con aprendizajes que permitan formular acciones y políticas dirigidas al acompañamiento de víctimas de violencia.